La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes ordenó al Estado provincial indemnizar a Patricia Miriam Larroza con la suma de $126.800.000, más intereses, por los daños y perjuicios ocasionados tras haber estado privada de su libertad durante más de dos años por un delito del cual resultó absuelta.
El hecho y la detención
El 5 de julio de 2013, la pareja de Larroza, Fabián Héctor Martínez, fue asesinado en el barrio Lomas del partido de Moreno. Su cuerpo fue hallado en la vía pública con siete heridas de arma blanca. Los agresores le habían sustraído el vehículo, dinero, un teléfono celular y prendas de vestir.
Semanas después, a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada que señaló a Larroza como presunta instigadora, la Fiscalía N° 3 de Moreno ordenó su detención. En agosto de 2013, la mujer quedó bajo prisión preventiva.
Juicio oral y absolución
Larroza llegó al juicio oral en octubre de 2015, imputada por homicidio agravado «criminis causa». Durante el debate, desarrollado en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes, se determinó que el testigo que la había acusado formaba parte de una organización dedicada a realizar denuncias falsas y que, en la etapa de instrucción, no se habían tomado medidas probatorias para corroborar sus dichos.
Ante la falta de pruebas, el fiscal de juicio retiró la acusación y el tribunal dictó la absolución de la imputada, ordenando su inmediata libertad. Los autores materiales del crimen de Martínez no fueron identificados.
Los fundamentos de la indemnización
Tras ser liberada, Larroza inició una demanda civil. El tribunal de alzada concluyó recientemente que la prisión preventiva careció de fundamentos sólidos y excedió el plazo razonable.
El monto de $126.800.000, al que se le aplicará un interés del 6% anual desde la fecha de su detención (26 de agosto de 2013), se compone de la siguiente manera:
Incapacidad psíquica ($26.800.000): Por las secuelas psicológicas derivadas del tiempo de encierro.
Daño moral ($100.000.000): Para determinar esta cifra, los jueces contemplaron la situación familiar de la demandante. Al momento de su detención, Larroza era madre de cuatro hijos (dos de ellos menores de edad), y uno con un diagnóstico de hidrocefalia severa que requería cuidados permanentes que ella no pudo brindarle durante los años que duró la prisión preventiva.
