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HABRÍAN DISCUTADO POR REFACCIONES

Lanús: detuvieron a un albañil acusado de estrangular a una jubilada

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Efectivos de la Dirección de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús, a través de la SubDDI de Lanús, detuvieron a un albañil de 33 años acusado de estrangular a la propietaria de un kiosco en la localidad de Villa Caraza. La captura del sospechoso se materializó luego de que los peritajes tecnológicos lograran ubicarlo en la escena del crimen en el horario exacto del deceso.

El hecho criminal comenzó a investigarse el pasado 4 de noviembre de 2025 en una vivienda y comercio emplazado sobre la calle Marco Avellaneda al 4300, en jurisdicción de la Comisaría Lanús 9na. En aquella oportunidad, una vecina del barrio alertó a los efectivos de la Fuerza de Buenos Aires (FBA) que la dueña del inmueble, identificada como Noemí Carmen Paparelli, de 73 años, no atendía a los llamados desde las primeras horas de la tarde. Ante la falta de respuesta, los uniformados ingresaron por la puerta del garage —que se encontraba sin llave— y hallaron en el interior a la anciana tirada en el suelo, en posición decúbito dorsal y sin signos vitales, fallecimiento que fue constatado minutos después por médicos del SAME.

Un lazo en el cuello y el misterio del móvil económico

Los primeros peritajes realizados en la escena por los peritos de la Policía Científica determinaron con claridad que el cuerpo de la víctima poseía un lazo fuertemente atado alrededor del cuello, lo que confirmó la mecánica del estrangulamiento. Sin embargo, el caso presentaba un misterio para los investigadores: en los ambientes no se observaban signos de violencia ni aberturas forzadas, y en las primeras requisas se encontraron intactos los teléfonos celulares de la jubilada junto al dinero en efectivo depositado dentro de la caja registradora de su kiosco, lo que inicialmente sembró dudas sobre el móvil del robo.

Ante la gravedad del cuadro, el expediente quedó bajo la tutela prioritaria de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N.º 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo las directivas de la fiscal Silvia Bussano, quien convocó a los detectives de la DDI para esclarecer el asesinato. A través de los primeros testimonios recolectados en el vecindario, los pesquisas detectaron un dato clave: la víctima había mantenido varias y fuertes discusiones con un albañil contratado de nombre de pila Alexis, debido a disconformidades con unas tareas de refacción que este había realizado recientemente en el domicilio.

El cruce de antenas de la DAIC y allanamientos en la región

Rastreo informático: La resolución del caso dio un vuelco fundamental gracias a la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAIC) de Vicente López. Los técnicos analizaron de forma exhaustiva la telefonía de la víctima y establecieron un patrón de mensajes que confirmaba que el sospechoso debía concurrir a la finca el día del crimen.

Al solicitar el desglose de las comunicaciones del abonado telefónico del investigado —identificado formalmente por sus iniciales como A. R. G.—, el impacto de las antenas telefónicas confirmó que la geolocalización de su celular se encontraba dentro del radio de cobertura del domicilio de la víctima durante el horario estimado de la muerte, obtenido mediante la operación de autopsia. En paralelo, los investigadores de la SubDDI Lanús solicitaron el registro de movimientos de la tarjeta SUBE del implicado, detectando de forma precisa un viaje en transporte público realizado esa misma tarde con destino directo hacia la zona de Villa Caraza.

Con este cúmulo de pruebas categóricas, la fiscal Bussano tramitó la respectiva orden de detención y tres órdenes de allanamiento simultáneas para objetivos vinculados al sospechoso en las zonas de Almirante Brown y Quilmes.

Los procedimientos de registro se cumplimentaron este pasado jueves 25 de junio de 2026, lográndose la detención formal de A. R. G. (33) en la vía pública. Durante las requisas en los inmuebles, las brigadas lograron el secuestro de tres teléfonos celulares para peritar, dos tarjetas SUBE y una garrafa de 10 kilos que pertenecía a la víctima y que el imputado se había llevado tras cometer el homicidio.

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