La Justicia de Lomas de Zamora dictó la clausura inmediata y el desalojo de un establecimiento clandestino que funcionaba ilegalmente como hogar de ancianos en el partido de Ezeiza. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia N.º 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la conducción del magistrado suplente Omar Armando Velázquez, luego de que una inspección presencial del organismo constatara gravísimas condiciones de habitabilidad, desatención médica y maltratos hacia las diez personas mayores que se encontraban alojadas en el lugar de forma irregular.
La intervención judicial y el posterior desmantelamiento de la institución encubierta se desencadenaron a partir de un monitoreo de control exhaustivo realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo bonaerense acudió al predio tras recibir reiteradas denuncias por parte de familiares de una de las víctimas. Al inspeccionar el supuesto hogar, bautizado de forma irónica como “La casita de Cloe” y ubicado sobre la calle Virgen de Itatí al 1350, los peritos detectaron la total ausencia de habilitaciones comerciales o sanitarias, la falta de historias clínicas y una absoluta precariedad en el régimen de vida impuesto a los ancianos.
A raíz de los estremecedores hallazgos, la CPM radicó un habeas corpus colectivo de carácter correctivo ante los tribunales lomenses. Tras constituirse de forma urgente en la escena junto a las autoridades comunales, el juez Velázquez resolvió recaratular las actuaciones bajo la órbita de un estricto control jurisdiccional de internación. En ese mismo acto, el magistrado ordenó el traslado inmediato y de urgencia de los 10 usuarios damnificados hacia el Hospital Interzonal Doctor Alberto Eurnekian de Ezeiza, espacio donde equipos multidisciplinarios de salud procedieron a evaluar la situación clínica singular de cada paciente para determinar los abordajes de asistencia médica correspondientes.
El relevamiento socio-ambiental y las propias declaraciones de la dueña de la finca, identificada como María Torres, desnudaron un panorama de absoluta desidia institucional. La mujer reconoció ante las autoridades que realizaba de manera solitaria todas las tareas diarias —como administrar medicamentos, cambiar pañales, cocinar y controlar variables clínicas— sin poseer ningún tipo de capacitación profesional, prescripción o supervisión médica formal. Asimismo, las actas judiciales acreditaron que los abuelos recibían una alimentación deficiente basada en productos en mal estado de conservación, carecían de actividades recreativas y eran sometidos de forma sistemática a cuadros de malos tratos y severa violencia verbal en el ámbito cotidiano.
Como corolario de la sorpresiva diligencia integral, agentes pertenecientes a la Secretaría de Ingresos Públicos y Desarrollo Industrial del Municipio de Ezeiza hicieron efectiva la clausura material del inmueble por infracciones graves al registro comercial y riesgo inminente a la integridad física. Tras el desalojo del búnker, las autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria volvieron a encender las alarmas regionales e instaron al Poder Ejecutivo a fortalecer de forma urgente los controles estatales y las auditorías de estos dispositivos de cuidado, alertando que estas redes informales proliferan a raíz del abandono estructural que padecen las personas adultas mayores en distintos puntos del Conurbano.
