En lo que ya se considera un antes y un después en la jurisprudencia médica de la pospandemia, la Cámara Federal de Córdoba emitió un fallo sin precedentes en el país al dictaminar de manera oficial que la vacuna Sputnik V fue la causa directa de la muerte de Melín Sartori, una joven de 24 años que falleció en julio de 2021.
El caso, que se manejó bajo un estricto peritaje científico, arrojó luz sobre los riesgos y los alcances legales de la campaña de vacunación masiva contra el Coronavirus. Según consta en el expediente judicial, la joven sufrió un cuadro de trombosis con trombocitopenia desencadenado por un severo deterioro neurológico a las dos semanas de haber recibido la primera dosis del componente de origen ruso.
El drama familiar y una respuesta tardía
Virginia Ruiz, madre de Melín, relató el calvario que vivieron durante aquellos días de incertidumbre en 2021. Detalló que solo seis días después de que le aplicaran la dosis, su hija comenzó a manifestar fuertes cefaleas y vómitos continuos. El cuadro general de la joven empeoró drásticamente en cuestión de horas, lo que derivó en su internación y posterior fallecimiento apenas 15 días después de la inoculación.
La clave que destrabó la demanda y permitió el fallo inédito de la Cámara Federal fue un informe técnico emitido por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa). Este organismo oficial fue el encargado de realizar el entrecruzamiento de datos clínicos y determinó, de forma concluyente, el nexo causal entre los componentes de la Sputnik V y las complicaciones neuronales irreversibles que terminaron con la vida de Sartori.
Indemnización al confirmarse el fallo
A raíz de esta resolución, la Justicia Federal determinó que el Ministerio de Salud de la Nación es civilmente responsable por las consecuencias de la inoculación y lo condenó a pagar una indemnización de $95 millones a la familia en concepto de daños y perjuicios morales, una vez que el fallo quede firme y se agoten las instancias de apelación del Estado.
El fallo abre las puertas a un nuevo escenario de reclamos legales en todo el territorio nacional por los efectos adversos graves y la falta de esquemas de contingencia durante la emergencia sanitaria.
