En un acto que refuerza la articulación entre los distintos poderes del Estado bonaerense, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCBA), Sergio Gabriel Torres, encabezó la firma de un convenio de cooperación institucional para implementar el Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática para Trasplante.
La rúbrica contó con la participación del procurador general, Julio Conte-Grand; los ministros de Seguridad y Salud, Eduardo Javier Alonso y Nicolás Kreplak; y el titular del CUCAIBA, Francisco Leone. El objetivo central del documento es establecer lineamientos claros de actuación judicial, policial y sanitaria ante fallecimientos por causas externas o traumáticas que permitan concretar procesos de donación de manera efectiva.
Coordinación ante la emergencia
El protocolo, elaborado conjuntamente por la Corte y la Procuración, busca eliminar las trabas burocráticas y asegurar una intervención «coordinada, eficiente y humana» en situaciones críticas donde existe la posibilidad de salvar vidas.
Durante la presentación realizada en la Sala de Acuerdos de Verano del Tribunal, el doctor Torres subrayó que este instrumento representa «un compromiso profundo con una política pública de la más alta sensibilidad». Para el magistrado, el acuerdo permite transformar una pérdida irreparable en una oportunidad de vida para otras personas, destacando que «el rol del Estado, en todas sus dimensiones, resulta decisivo» en esta materia.
Un cambio en los procesos judiciales y sanitarios
Históricamente, los casos de muerte traumática requerían intervenciones judiciales que, en ocasiones, dilataban los tiempos necesarios para la ablación de órganos. Con este nuevo marco normativo, se unifican los criterios entre los médicos, la policía y los fiscales para garantizar la preservación de los órganos sin entorpecer las investigaciones criminales o periciales.
Del acto también formaron parte el vicepresidente de la Corte, Daniel Fernando Soria, junto a magistrados, funcionarios de las diversas carteras involucradas y representantes de la sociedad civil. La medida fue calificada por los presentes como un hecho histórico por lograr la convergencia de múltiples instituciones en torno a un objetivo humanitario complejo.
