El titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados bonaerense, Andrés de Leo, presentó un proyecto de ley para crear un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en establecimientos educativos. La iniciativa surge ante el incremento de alertas de bomba y tiroteos que movilizan recursos de emergencia en toda la provincia de Buenos Aires.
El proyecto propone que los padres, tutores o responsables legales de los menores que realicen falsas denuncias deban hacerse cargo de los gastos extraordinarios generados. Esto incluye el despliegue de:
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Fuerzas policiales y brigadas especializadas.
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Cuerpo de Bomberos.
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Servicios de emergencias médicas.
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Recursos humanos y materiales afectados al operativo.
Según el articulado, el monto a reintegrar se determinará mediante un procedimiento administrativo que evaluará la duración, complejidad y recursos utilizados en cada caso, bajo criterios de proporcionalidad y garantizando el derecho a la defensa de los responsables.
Más de 1.000 denuncias en territorio bonaerense
La urgencia de la medida se respalda en datos del Ministerio Público Fiscal, que dan cuenta de más de 1.000 denuncias radicadas recientemente por mensajes sobre posibles tiroteos o fotos de alumnos con armas de fuego.
El informe detalla un impacto dispar según el distrito:
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La Matanza: más de 200 reportes.
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La Plata: 90 reportes.
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Moreno: aproximadamente 70 reportes.
“Quien provoca deliberadamente un daño al Estado mediante la activación injustificada de recursos públicos debe responder patrimonialmente por ello”, sostuvo De Leo, quien además planteó la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas para sistematizar la información y mejorar la prevención.
El reclamo de los gremios docentes
Ante la ola de amenazas, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvo una reunión con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y del Ministerio de Seguridad.
Desde el espacio sindical señalaron que el impacto de la cultura digital en los jóvenes es una responsabilidad social que excede el ámbito escolar y exigieron medidas concretas para preservar la seguridad de las comunidades educativas y la continuidad del ciclo lectivo.
