La crisis de desfinanciamiento en el área de salud golpea con dureza al sur del Conurbano. En las últimas horas, los directivos de dos instituciones emblemáticas dedicadas a la atención de personas con discapacidad lanzaron un pedido de auxilio desesperado: si los fondos del Estado no ingresan de manera urgente, deberán bajar las persianas de forma definitiva, dejando a cientos de familias a la deriva.
Llavallol: el riesgo de perder 30 años de trabajo
En Lomas de Zamora, la situación del centro de rehabilitación y taller protegido Talita Kum (ubicado en Llavallol) es crítica. La institución asiste a 160 pacientes y emplea a 35 personas con discapacidad en su histórica panadería. Sin embargo, denuncian que la obra social estatal Incluir Salud no les transfiere los fondos correspondientes desde diciembre.
“Si no ingresan los fondos, Talita tendría que cerrar. Este mes aún no hemos podido hacer frente a la totalidad de los honorarios profesionales, algo que nunca nos había ocurrido en tres décadas”, lamentó Enrique Muntaabski, director del establecimiento.
Ezeiza: sin plata para la comida
A pocos kilómetros, el panorama en el centro de día Cedime, en Ezeiza, roza la tragedia. Su presidente, Raúl Woites, explicó que la administración nacional no gira dinero desde noviembre y que la Provincia de Buenos Aires arrastra deudas de facturación de todo el 2024.
Para achicar gastos, el centro ya funciona en modo de emergencia, suspendiendo la atención dos días a la semana. Pero el límite llegó a los insumos básicos: “Esta semana tuvimos que salir a pedir donaciones de comida porque no teníamos para los pacientes. Llegar a esa instancia nos obliga a cerrar”, confesó Woites.
El impacto en los barrios
El drama de Llavallol y Ezeiza es el reflejo de una crisis nacional. Según los referentes del sector, las demoras en los pagos ya provocaron el cierre de unos 50 centros en todo el país. En el Conurbano, el escenario se agrava porque el 75% de los asistentes dependen exclusivamente del Estado para recibir tratamiento. A esto se suma el colapso del transporte especializado, ya que los prestadores también dejaron de cobrar y suspendieron los traslados.
Para las organizaciones del sur, la asfixia financiera y el inminente reempadronamiento de pensiones impulsado por el Gobierno Nacional representan un golpe letal. Mientras los tiempos burocráticos se estiran, las familias del Conurbano ruegan por una solución antes de que estas instituciones fundamentales desaparezcan de sus barrios.
