(Por María Eugenia Suárez/Telam) El suspendido juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, quien en 2018 se negó a cumplir con un pedido de detención de los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Independiente, sostuvo que quienes lo «quieren castigar, no lo van a lograr», y ratificó sus denuncias contra el macrismo.
El viernes último, en el marco de jury, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, pidió la destitución de Carzoglio mientras que la defensa del suspendido magistrado pidió su restitución en el cargo.
«Tenemos el doble de testigos que la parte acusadora, pudimos rebatir cada una de las imputaciones que se me hacen», aseguró el magistrado durante una entrevista con Télam.
Durante toda la semana última, Carzoglio compareció ante un jurado de enjuiciamiento que analiza si, ante varias denuncias en su contra, debe ser restituido en su cargo, del que fue apartado en 2018, o destituido como juez de Garantías del Departamento Judicial Avellaneda Lanús.
«Nosotros confiamos en el jury y pensamos que, si hay justicia, vamos a salir airosos», indicó el magistrado, sobre quien pesan denuncias sobre hechos sucedidos entre 2009 y 2015, momento en que se inicia la acción judicial en su contra, y 2018, cuando finalmente se activa el proceso.
Para el juez, una respuesta favorable a su posición «daría a la sociedad una señal muy positiva en cuanto a la reacción de una institución como el jury frente a acusaciones infundadas respecto de un magistrado».
La prueba testimonial comenzó el lunes y finalizó el viernes, días en que pasaron por el subsuelo del edificio Alberto Balestrini de la calle 7 y 49 de La Plata, donde se desarrollan audiencias, un total de 85 testigos, 55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Diego Raidán.
Para hablar del estado de situación actual, Carzoglio se refirió a los inicios del proceso y destacó que el jury «empezó en 2015, pero en 2018, luego de tres años de un estado vegetativo y de mi resolución respecto al tema Moyano, mis denuncias contra sectores mediáticos e integrantes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), y contra la filtración de datos surgidos desde la Procuración General de la provincia, se reactiva y se me separa del cargo».
«Empezó siendo un apartamiento, después una suspensión y hace cuatro años y tres meses que estoy sin cargo y se me retiene el 40% de mis haberes», precisó.
En aquel momento, Carzoglio denunció «aprietes» por parte de agentes de la AFI para que detuviera a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en Independiente.
El magistrado se negó y denunció esa maniobra al señalar que «hubo intromisión de la política, del Ejecutivo nacional, a través de organizaciones gubernamentales que dependían del Gobierno de (Mauricio) Macri».
Según su análisis, la respuesta fue desempolvar el jury que, iniciado en 2015, no había avanzado por irrelevante, y por eso, si bien indica que las acusaciones en su contra «tienen distintos orígenes», considera que son «fácilmente rebatibles».
Consultado sobre si se mantiene firme en sus acusaciones contra la gestión de Cambiemos, respondió: «Ratifico lo que he relatado porque es la verdad».
«Quienes me quieren castigar no lo van a lograr», dijo Carzoglio y agregó: «Frente al castigo que me quisieron infligir, se generó una corriente de simpatía hacia mí; tengo mucha adhesión de la gente, día a día la gente me demuestra su cariño, tengo muchos medios que me apoyan, y eso me fortalece».
Señaló que si bien «no tuvo adhesiones explicitas por parte de referentes políticos o gremiales», sabe que tiene respaldo: «Es un juicio político, por eso todos se expresan de forma reservada», se explayó.
El juicio es impulsado por el procurador vidalista Julio Conte Grand, y el jurado está presidido por la jueza de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan e integrado por los legisladores provinciales de Juntos Ismael Passaglia y Erica Revilla; del Frente de Todos (FdT) Débora Galán y Maite Alvado y de Espacio Abierto, Walter Carusso, y los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione y Jorge Pablo Martínez, de La Plata; Juan Emilio Spinelli, de Necochea, y Pedro Jorge Arbini Trujillo, de San Isidro.
Las acusaciones son por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha y haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.
También, por «formular expresiones indecorosas y agresivas» a una agente fiscal, por «maltrato» al personal de su juzgado y por irregularidades al ordenar el allanamiento del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.
«Hasta hace un tiempo la resolución de un jury era inapelable, pero ante un precedente establecido por el juez (Luis) Arias se ha logrado tener una segunda instancia para el caso de que la resolución significara mi destitución», explicó Carzoglio sobre los posibles caminos del caso.
Aseguró que si bien confía «en el jurado y en sus integrantes», instruyó a sus abogados para que «si la resolución fuera contraria se acate la decisión y se recurra a los medios legales para tratar que se revea esa situación».
«Después de cuatro años y tres meses de separación del cargo y con 73 años, yo estoy fuerte, y estoy fuerte por la gente. Voy a seguir en este camino hasta el último de mis días», completo Carzoglio.
El viernes se desarrolló la última audiencia donde, además de realizarse los alegatos, se escucharon las palabras finales del acusado.
Se espera que antes del 10 de marzo se lea el veredicto final en el que se informará si se lo restituye en el cargo o se lo destitutye.
