Familia desalojada en Brown pide que se aplique la nueva Ley de Agricultura Familiar

Una familia, que vive de la agricultura familiar en Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, reclamó la “inmediata restitución” del predio que ocupa desde 1979 amparándose en la flamante Ley de Agricultura Familiar -que en su articulo 19 ordena el cese de los desalojos-, al cumplirse dos meses del violento episodio que dejó al grupo familiar en la calle y le produjo severas pérdidas económicas.

Héctor Velázquez, su esposa Ana Kener y tres hijos menores, una de ellas con discapacidad, acampan en la entrada de su propio campo, al que sólo ingresan para alimentar a los animales que les quedan luego de que el 21 de octubre pasado unos 50 policías ingresaron y destruyeron su vivienda, los corrales y el chiquero.

El predio está ubicado en Ministro Rivadavia, zona rural del partido de Almirante Brown, donde existe una fuerte presión inmobiliaria sobre los agricultores familiares, huerteros y criadores de animales de granja, quienes reciben visitas de abogados de supuestos dueños de los campos.

“Con nosotros hubo una escalada de violencia. Vinieron sin orden judicial y rompieron todo. Durante semanas encontramos animales muertos bajo los escombros de la casa. Además, perdimos un cerdo de 400 kilos y de las 200 gallinas que tenía me robaron más de la mitad”, dijo a Télam Velázquez.

El hombre agregó que el 2 de diciembre pasado una patota policial sin uniforme aterrorizó a su familia: “Me pegaron, me arrastraron y lo mismo hicieron con mi mujer y mis hijos, que son menores. Además nos metieron presos y todo para que nos vayamos, pero tenemos derecho a la tierra y la voy a pelear para mis hijos”.

Las denuncias del agricultor familiar apuntan a la comisaría 4° de Longchamps, a la que señala como la mano de obra que ejerció la violencia, sostenida por intereses inmobiliarios que buscan el desarrollo de barrios cerrados para a sectores sociales pudientes, vinculados con facciones políticas.

Custodiados las 24 horas por un móvil con personal policial de civil, los Vélazquez ingresan al campo sólo para dar de comer a los cien cerdos que les quedan, las ovejas, cabritos y un ternero, mientras que los patos y gallinas, bien domésticos, ya se trasladaron a la calle donde la familia acampa sin luz, sin agua y sin baño.

“Tengo prohibido realizar cualquier trabajo como carpir o regar en las parcelas de cítricos, duraznos, sandía, melón y hortalizas”, se lamentó el jefe de familia que pese a las condiciones en las que está viviendo junto a su esposa e hijos, se muestra sereno y convencido de que recuperará su modo de vida.

Velázquez señaló que la Municipalidad de Almirante Brown brilla por su ausencia. “Nadie vino a ver cómo estamos pese a que todo el mundo sabe que me desalojaron y que hay menores”, dijo, pero cuenta con el acompañamiento del Frente Agrario Evita, que impulsó un festival de apoyo en Longchamps, y hay un incesante desfile de productores de la zona.

También se realizaron gestiones ante la provincia de Buenos Aires y ante la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SAF) por el campo de ocho hectáreas, pegado al Aeroclub Longchamps, donde se realizan actividades deportivas que incluyen paseos en parapente.

Las gestiones incluyeron una visita al bloque del Frente para la Victoria del Concejo Deliberante -que está dominado por ediles del Frente Renovador-, con quienes Velázquez compartió la necesidad de cumplir con una ordenanza del 2012 que declaraba de interés social la “regulación dominial de las tierras ocupadas por productores rurales pequeños de Ministro Rivadavia”.

Ese instrumento legal, sin embargo, fue superado el 17 de diciembre por una ley de alcance nacional, la de Agricultura Familiar, que en su artículo 19 suspende desalojos y ordena “priorizar soluciones inmediatas para garantizar la permanencia y el acceso a la tierra”.