El avance de la pandemia reflejó la desigualdad y la grave situación que atraviesa el colectivo LGBTIQ+ y en particular la comunidad travesti-trans. La expectativa de vida de la población trans no supera los 35 años y la gran mayoría se encuentra en trabajos no registrados.
En diálogo con DiarioConurbano.com, Silvana Sosa, titular de la Dirección de la Secretaría de Diversidad Sexual en Lomas de Zamora y coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), aseguró: “La violencia es sistemática sobre la población trans y la discriminación nos persigue día a día. Atravesamos problemáticas estructurales y este contexto terminó demostrando la vulnerabilidad de la población trans”.
Según un informe de ATTTA sólo el 18% de las personas travestis y trans han tenido acceso a trabajos formales alguna vez en su vida y el 83% de las mujeres trans fueron víctimas de actos de violencia o discriminación policial.
En este sentido, Sosa explicó que si bien en Lomas de Zamora no se registraron casos de transodio en la vía pública en estos meses, las fuerzas de seguridad continúan sin estar capacitadas en género y que a nivel Provincial “cada vez es peor”.
“Tenemos fuerzas de seguridad que avasallan nuestros derechos a ser como somos por eso con Esteban Echeverría, Brown y Lomas buscamos articular la capacitación de las fuerzas para que sepan cómo tienen que tratar a la comunidad trans y LGBT”, especificó.
La población travestis y trans en Argentina es una de las más vulneradas históricamente y atravesada por una pandemia, la vulnerabilidad aumentó. El acceso a la salud, a una vivienda digna, a la educación y a un empleo formal son derechos que no se garantizan día a día.
“Para cambiar estas problemáticas se deben desarrollar iniciativas para asegurar la terminalidad escolar, la formación universitaria, el acceso a la salud y a la educación sin discriminaciones”, aseveró la titular del área de Diversidad Sexual en Lomas de Zamora.
En la Provincia de Buenos Aires hay una ley que determina que dentro del sector público provincial una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal debe ser ocupado por personas travestis, transexuales y transgénero. Sosa destacó esta ley de cupo pero opinó que es necesario ampliarla y «hacerla integral para todas las edades».
Según varios informes, seis de cada 10 mujeres trans abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación. “La gran mayoría de las personas están en la informalidad porque nos discriminan pero también porque no podemos terminar nuestros estudios. Entonces es algo integral lo que necesitamos”, manifestó Sosa.
En esta carrera por la garantización de derechos, la ley de identidad de género es la que posibilitó que se puedan reconocer el resto de los derechos. Sin embargo, Sosa argumentó que “no hay más tiempo para las personas trans”.
