Representantes de distintos espacios vinculados a la realidad penitenciaria realizaron la primer mesa de abordaje integral de personas privadas de su libertad. El encuentro se desarrolló en la Unidad Penal 40 de Lomas de Zamora y tuvo el objetivo de pensar acciones que hagan compatible el tránsito de una pena con los derechos humanos y se destacó que el establecimiento hoy posee una sobrepoblación de casi el 200%.
En diálogo con DiarioConurbano.com, Aimé Silva, coordinadora de la Comisión de Asuntos Penitenciarios del CEJ (Centro de Estudios Judiciales) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, aseguró: “Fue muy productiva porque hubo interseccionalidad y abordamos esta problemática de manera integral ya que un solo actor no puede hacerlo solo”.
Participaron cerca de 50 personas que pertenecen a espacios institucionales y sociales de la Unidad que coincidieron con la existencia de una crisis humanitaria a partir de la sobre población en las unidades carcelarias provinciales. Se estima que Buenos Aires concentra el 80% de las personas privadas de su libertad. En el encuentro tomó parte el juez del TOC 7 de Lomas de Zamora, Roberto Conti.
En este sentido, Silva explicó que “la sobrepoblación incide en todas las situaciones”. “Las condiciones mínimas de humanidad para la existencia no están garantizadas como la salud o tener una cama y no depende de la voluntad de cada unidad ya», aseveró la letrada.
Una de las propuestas que se desprendió del encuentro fue la posibilidad de crear un censo carcelario para identificar los casos de las personas que estarían en condiciones de acceder a beneficios libertorios. De esta manera, se elaborarán informes integrales que contemplen varios aspectos de la persona privada de la libertad.
También Silva opinó que “es necesario que las sanciones sean distintas para que la persona pueda reveer lo que pasó cuando comete un error” y así “darle la posibilidad de abordarlo de otra forma”.
Además se destacó como eje fundamental el acceso a un trabajo formal luego de recuperar la libertad ya que eso permitiría una inserción real del ciudadano. “En ese sentido funcionan las cooperativas pero hay que dejar de solicitar el pedido de antecedentes porque sino es imposible insertarse en el mercado laboral”, manifestó la letrada.
