La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires acompañará el pedido por un juicio por la verdad de Patricia Aguirre, una mujer de Glew que denunció a su tío por abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad. Si bien el delito prescribió, se presentaron como amicus curiae para apoyar ante la Cámara de Apelaciones de Lomas la habilitación del juicio que tiene como objetivo reparar de manera simbólica a la víctimas.
En diálogo con DiarioConurbano.com, Alejandra López, Directora de Políticas Públicas de la Defensoría y quien está a cargo del caso, aseguró: “Aunque esto no trae una consecuencia penal, sí permite que la verdad salga a la luz con una reparación estatal y dentro del seno familiar que negó esta situación cuando Patricia lo denunció”.
Después de 25 años, Patricia Aguirre pudo denunciar a Manuel Romero, alias Pilo, por abusar sexualmente de ella a partir de sus 5 años. Si bien hubo otros casos de juicios por la verdad por abuso sexual, la situación de Patricia es bastante particular debido a que Andrea Nicoletti, la fiscal del caso, avanzó con la indagación del acusado a pesar de encontrarse prescrito el delito y el juez de Garantías 8, Gabriel Vitale, le dio su aval.
“Es emblemática la decisión por donde se lo mire. Creemos que es más que justo que la víctima tenga la posibilidad de que se ventile lo sucedido y que tenga un lugar de reparación en el cual la justicia reconozca y ponga en conocimiento lo que hizo una persona”, afirmó López.
En este marco, el juicio sentaría un precedente porque en muchos casos las personas víctimas de abuso sexual no cuentan con las posibilidades inmediatas, materiales y sociales para llevar adelante una denuncia antes de que prescriba el delito. Es por eso que esta modalidad pretende habilitar el derecho de las víctimas a que se sepa su verdad y que sea discutida de manera pública.
En este sentido, López argumentó que “hay gente que nunca puede denunciar o que puede denunciar después de muchos años”. “No es un delito común que se cuente a penas pasa. Por lo general lleva tiempo y el Estado tiene el deber de proteger a esas niñas o niños que fueron vulnerados”, opinó la Directora.
Por el momento, Patricia, quien no tuvo el apoyo de parte de su familia, debe esperar la resolución de la Cámara sobre la realización del juicio. Desde la Defensoría se presentaron como amicus curiae y pretenden presentar medidas de prueba para que el juicio se realice. El acusado, a pesar de haber admitido el hecho por el que es denunciado, continúa protegido por su círculo familiar y en contacto con niños.
“Tenemos indicies muy altos de abuso sexual infantil y creemos que hay que empezar a hablar y tomar decisiones porque realmente es un tema que se convirtió en un flagelo en la sociedad”, relató López.
Los hechos que se denunciaron fueron cometidos entre 1990 y 1995 cuando Patricia tenía entre 5 y 10 años, en la casa familiar del barrio Gorriti, de Glew, Almirante Brown donde compartían el terreno ambas familias.
