La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se presenta como querellante en la causa que lo tiene como víctima a Ignacio Seijas, un joven que en junio de 2020, en Lomas de Zamora, perdió la visión en uno de sus ojos tras ser heridos con postas de goma por agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía bonaerense.
En un comunicado oficial se indicó que el director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, junto a la directora de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Eliana Morrone y Matías Esteban, del equipo de acompañamiento de la Subsecretaría, se reunieron con la familia de la víctima para avanzar en la intervención de la causa que tramita en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Se informó que a partir de la decisión del gobernador Axel Kicillof de luchar contra la violencia institucional, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense tiene la facultad de presentarse como querellante.
En este sentido, tras el encuentro se busca impulsar una investigación exhaustiva y eficaz para esclarecer los hechos ocurridos contra el joven Seijas el 20 de junio de 2020 en la localidad de Lomas de Zamora.
«La prevención de la violencia institucional resulta una obligación primaria del Estado, debiendo a través de la investigación y el juzgamiento erradicar todos los actos que por acción u omisión ejercidos por funcionarios públicos causen una afectación física o psíquica en los derechos fundamentales de las personas», se indicó en un comunicado difundido por la subsecretaría.
Álvarez consideró que «las políticas públicas contra la violencia institucional tienen que ser de forma integral y con esa mirada abordamos para transformar realidades de sujetos y comunidades» y explicó que «ese abordaje implica el asesoramiento jurídico y la búsqueda de justicia, por eso la Subsecretaría es parte querellante de casos de violencia institucional».
Por su parte, Morrone indicó que «la apuesta es llegar con el Estado presente” en “situaciones de violencia institucional» y evaluó que «hay una deuda pendiente con la democracia en cuanto a la Violencia Institucional”.
Se informó que la Subsecretaría interviene en el caso desde el inicio de los hechos cuando ese 20 de junio de 2020, agentes del GAD, pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ingresaron en la habitación de Ignacio y por lo menos uno de ellos le disparó con postas de goma a la cara, provocándole horas después la pérdida total de uno de sus ojos.
A su vez, desde el Equipo de Acompañamiento de la Subsecretaría y en articulación con otros órganos provinciales y municipales, continúa generando un abordaje psicosocial sobre la familia ante las diferentes afectaciones de los derechos humanos.
UN DOMICILIO EQUIVOCADO
Los hechos se registraron en una pequeña casa en Villa Albertina, Lomas de Zamora, donde las fuerzas policiales, además de disparar con una escopeta de postas de goma, maniataron y golpearon al padrastro y la madre del joven, en el marco de un allanamiento por la denuncia de un robo a una escuela cercana.
Sin embargo, según se indicó, el domicilio era equivocado.
Inmediatamente después de lo sucedido intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8, especializada en Violencia Institucional, a cargo de Sebastián Bisquert, pero desde noviembre de 2020 la causa, que está en etapa de instrucción, está en manos del fiscal Jorge Grieco de la misma fiscalía.
El oficial que disparó al rostro del adolescente fue David Daniel Antonio, quien fue imputado y detenido cuando la causa, a pedido de la fiscalía y la querella, pasó de «lesiones graves» a «tentativa de homicidio agravado» y «vejaciones», por las patadas y golpes que los integrantes del GAD les dieron al adolescente y a su familia.
Sin embargo, en agosto de 2020 la jueza de Garantías 5, Marisa Salvo, decidió revertir la carátula y liberarlo por falta de mérito, medida apelada por la Fiscalía pero confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías.
El pasado 1 de junio la jueza Salvo falleció y aún no se sabe quién la subrogará.
