Luego del incendio en la comisaría de Transradio que se cobró la vida de (hasta el momento) nueve presos y los hechos de violencia ocurridos en el municipio de La Matanza durante la última semana, los obispos de Lomas de Zamora, Mons. Jorge Lugones, y de San Justo, Mons. Eduardo García, firmaron un documento titulado “No nos arrebaten la paz social”. En el mismo, reclaman “la presencia efectiva del Estado que no haga de estos lugares ‘tierras de nadie’”.
El texto, que también lleva las firmas de los obispos auxiliares de Lomas de Zamora, Jorge Torres Carbonell y Jorge Ignacio García Cuerva, señala que “La paz social que tanto anhelamos se ve fuertemente afectada”.
A su vez hace referencia a la tragedia ocurrida el pasado 15 de noviembre en la comisaría 3° de Transradio, Esteban Echeverría; cuando un incendio en la zona de los calabozos ocasionó cuatro muertes en el acto y otras cinco con el correr de los días, en lo que califican como “la masacre más grande en la historia de muertos en comisarías”.
Además de destacar el hecho, pone en relieve que la capacidad límite del establecimiento policial estaba superada en un 170 por ciento y que el mismo estaba clausurado por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad, situación de superpoblación que se refleja en toda la provincia y que se agrava por el dictado de prisiones preventivas, lo que configuran las causales para “encender la violencia en un contexto de encierro que de por sí es violento e inhumano”, puntualiza.
“Los Obispos de la Diócesis de Lomas de Zamora, a horas del dramático suceso, expresaron su ‘profundo dolor, pidiendo a Dios consuele a sus familias’ y remarcando que ‘este drama es un clamor al Cielo que desnuda la situación inhumana en la que viven los presos’”, expresa en uno de sus pasajes al respecto.
En ese sentido, urgen a los poderes políticos provinciales a que “adopten las medidas necesarias” para “asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecutan en establecimientos sometidos a su jurisdicción no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos”.
Por otra parte, el documento hace hincapié en hechos violentos ocurridos en el municipio de La Matanza tales como la muerte de un militante de la CTEP en Ciudad Evita en medio de un confuso episodio, el incendio del Móvil Sanitario de OPISU en el barrio San Peterburgo y el asesinato por robo de un vecino de Barrio Sarmiento cuando se dirigía a su trabajo en horas de la mañana.
“Reclamamos la presencia efectiva del Estado que no haga de estos lugares ‘tierras de nadie’, donde gobierna la marginalidad y la droga bajo la complicidad de ciertos sectores de la seguridad”, demandan en la misiva.
A continuación, el texto completo:
NO NOS ARREBATEN LA PAZ SOCIAL
En 2015 como Iglesia en Argentina afirmamos que “La paz social que tanto anhelamos se ve fuertemente afectada. Urge recorrer caminos de reconciliación y de amistad social. “La justicia es el primer paso, necesario e indispensable, pero necesitamos ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Cuando la justicia se orienta a la reconciliación, se abre el camino hacia la concordia, la fraternidad y la amistad social, tan necesarias en la vida y el futuro de toda comunidad”.
Esto nos lleva en este momento a no pasar por alto los hechos que en nuestras Diócesis de Lomas de Zamora y San Justo atentan contra esta búsqueda licita y necesaria.
El 15 de noviembre fallecieron 4 detenidos en la comisaría 3° de Transradio, en la localidad de 9 de abril, Partido de Esteban Echeverría, en ocasión de un incendio en los calabozos. Con el avance de los días, fallecieron también algunos de los detenidos que habían sido internados en ocasión del hecho. Por lo cual el número de víctimas fatales al día de hoy es de 8. Es la masacre más grande en la historia de muertos en comisarías.
En este caso había 27 personas detenidas, 17 más de la capacidad de dicha comisaría, más allá que la misma estaba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad. En marzo de este año, el juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora pidió que desalojaran los calabozos y trasladaran a las personas que estaban detenidas. Notificó a las autoridades policiales, municipales y del gobierno de la provincia respecto de la «prohibición de alojamiento en las seccionales con clausura» y los instó a que no envíen ahí a nuevos detenidos.
Los Obispos de la Diócesis de Lomas de Zamora, a horas del dramático suceso, expresaron su “profundo dolor, pidiendo a Dios consuele a sus familias” y remarcando que “este drama es un clamor al Cielo que desnuda la situación inhumana en la que viven los presos”. Precisamente se calcula que la superpoblación en las comisarías bonaerenses es de un 290 por ciento, con un excedente de alrededor de 2.900 presos.
El alojamiento de personas en establecimientos policiales, así como el hacinamiento en el sistema penitenciario se ha ido consolidando en la Provincia de Buenos Aires como un componente de las condiciones de privación de la libertad.
En la Provincia hay alrededor de 42.000 detenidos en cárceles, pero sólo hay plazas para 28.000 aproximadamente, con lo cual el hacinamiento también es brutal en las unidades penitenciarias.
Este dato sumado a la cantidad de prisiones preventivas dictadas hace que sea insostenible la situación, y que cualquier dificultad de convivencia, pelea, discusión, etc. sea motivo para encender la violencia en un contexto de encierro que de por sí es violento e inhumano.
Urgimos a los poderes de la Provincia de Buenos Aires, para que adopten las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, con el fin de asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecutan en establecimientos sometidos a su jurisdicción no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos (arts. 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).
Tampoco podemos obviar sucesos de violencia y de inseguridad en La Matanza que tienen como muestra en los últimos días: el no esclarecido incidente que tuvo como consecuencia la muerte de un militante de la CTEP en Ciudad Evita, el incendio del Móvil Sanitario de OPISU en el barrio San Peterburgo y el asesinato por robo de un vecino de Barrio Sarmiento cuando se dirigía a su trabajo en horas de la mañana.
Reclamamos la presencia efectiva del Estado que no haga de estos lugares “tierras de nadie”, donde gobierna la marginalidad y la droga bajo la complicidad de ciertos sectores de la seguridad.
Toda esta situación confirma las palabras del Papa Francisco, vivimos en la cultura del descarte que afecta a tantas personas excluidas, a quienes se considera desechables. “No queremos resignarnos a que esto sea así y también nos unimos a su llamada: Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada día con pequeños gestos; muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de intentar edificarla» (jornada mundial por la paz 2017).
