Denuncian que “las cámaras penales de la Provincia no cumplen con la paridad de género”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) exige el acceso y el progreso de las trabajadoras en el Poder Judicial, la ocupación de los puestos de trabajo con poder de decisión y la reforma judicial con perspectiva de género.

En diálogo con DiarioConurbano.com, Norali Lapierre, Secretaria Adjunta de la AJB Lomas de Zamora y Congresal provincial, manifestó: “Participamos de la marcha porque es necesario, el movimiento de trabajadoras feministas se caracteriza por dar las luchas en unidad de forma transversal y eso es lo que nos fortalece”. 

Con la reforma judicial feminista como bandera, la AJB también exige el acceso real a la justicia de víctimas de violencia machista, la paridad de género en cargos jerarquicos, la implementación de un convenio colectivo de trabajo con perspectiva feminista, el cumplimiento del cupo laboral trans y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

En este sentido, Lapierre explicó que le pidieron al Gobernador bonaerense que reconozca las tareas de cuidado en el cómputo de los aportes previsionales de las trabajadoras y que se incorpore “las directrices del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para eliminar las violencias y el acoso laboral”. 

“Hoy en día en las cámaras penales y civiles de la Provincia no se cumple con la paridad de género. En Lomas hay una jueza en la cámara civil y en la penal no hay ninguna mujer”, expresó la referente de AJB. 

Según un informe realizado por las Integrantes de la Colectiva de Trabajadoras Judiciales bonaerenses, el 95% de las trabajadoras de la justicia sufrieron algún tipo de violencia dentro de su ámbito laboral y que solo el 27% realizó la denuncia.

En este contexto, la referente destacó que “hay muchísimos casos de violencia laboral dentro del ámbito judicial” y que son temas “tabúes” en muchas áreas. “Las compañeras no quieren denunciar por temor muchas veces”, declaró Lapierre. 

Con respecto a la implementación de la ley Micaela, que promueve la capacitación obligatoria en género para las personas que integran los tres poderes del Estado, la Secretaria Adjunta repudió su alcance

“Así como se da no sirve, es una lavada de cara porque son capacitaciones de forma enlatada, cursos de dos horas, que los dan personas por fuera del poder judicial muchas veces”, agregó.