La diputada nacional de ARI-Cambiemos, Elisa Carrió, denunció a dos fiscales de Lomas de Zamora por “cajonear” causas que involucraban al ex presidente de la empresa de transportes “Expreso Lomas”. La presentación apunta a los funcionarios judiciales Jorge Grieco y Pablo Rossi.
En la presentación, Carrió sostiene que los fiscales Grieco y Rossi no avanzaron en la investigación de una presunta quiebra fraudulenta de la empresa de transportes, situación en la que estaría involucrado su ex presidente Luis Cvanchich.
Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que Rossi citó a indagatoria, unos meses atrás, al empresario en cuestión por lo que relativizaron la denuncia de Carrió.
Cvanchich está imputado por el juez Claudio Bonadío en una causa conexa a la denonminada “Cuadernos”, que involucra a ex funcionarios kirchneristas y empresarios.
La empresa Expreso Lomas, opera tres líneas en el recorrido bonaerense con un total de 130 colectivos: la 112 (Lanús- Saavedra); 165 (Once- Monte Grande, Pompeya y Burzaco) y 243(Monte Grande-Lomas de Zamora).
En 2013 la compañía pidió un concurso de acreedores y un proceso de quiebra. En ese momento, los ex directivos de la empresa comenzaron a cuestionar a la juez civil y comercial de Lomas, María Zulema Vila, a cargo de esa causa.
A partir del apartamiento de los directivos, la jueza comenzó a investigarlos. Según Carrió, el fiscal Grieco “deseaba interiorizarse” sobre la situación del expediente por su amistad con el ex hijo del presidente de “Expreso Lomas”.
Justamente, una de las denuncias del ex directorio contra la jueza Vila recayó en el fiscal Grieco poco después. Según Carrió, el propio fiscal pidió también la denuncia que había realizado la magistrada, en la cual no hubo avances, según denunció.
Los dos expedientes pasaron a manos del fiscal Pablo Rossi en 2017, quien según Carrió privilegió la denuncia de los ex directivos de la empresa contra la jueza Vila, realizada por “sentir lesionado su honor en el desplazamiento preventivo”.
«Existió por parte del órgano acusador una toma de posición sospechosa e ilegal, en donde decidió no investigar los hechos denunciados por el Juzgado Civil y Comercial, y a su vez, promover e impulsar, vertiginosamente una querella de acción privada», sostuvo Carrió en su denuncia, y aagregó: «El Ministerio Público Fiscal no explicó las razones por las cuales anestesió el trámite de la principal investigación, decidiendo impulsar una investigación en la cual el Ministerio Público Fiscal se limitó a recibir declaración testimonial a las personas que debía investigar, para luego realizar esfuerzos valorativos a los efectos de fundamentar su hipótesis».
Rossi imputó a la jueza Vila por los delitos “asociación ilícita, estafa, fraude procesal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, estafa fraudulenta y quiebra fraudulenta”. Esto llevó a que los ex directivos pidieran el juicio político y recusación de la magistrada.
Puntualmente, y a partir de su planteo, Carrió acusa a Rossi y Grieco por prevaricato y encubrimiento agravado por sus funciones.
