La primera sesión en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, con su nueva conformación, no tuvo candentes roces como en otras oportunidades pero tampoco estuvo exenta de discusiones. Las mismas se dieron en torno al repudio de la aprobación de las reformas jubilatorias e impositivas, de los hechos de violencia registrados en torno a las mismas y los pedidos de detención expedidos por el juez Federal Claudio Bonadío. También quedaron establecidas las jefaturas de los tres bloques.
Las polémicas, aunque casi sin roces, se dieron con sendos proyectos de comunicación tendientes a repudiar las “detenciones arbitrarias” de exfuncionarios y la “persecución política y hostigamiento” a los mismos, así como también el rechazo a los proyectos de ley que establecieron reformas en los sistemas previsionales y tributario y a las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional, en una sesión de la que solo faltaron los concejales Ramiro Trezza del massismo y Diego Cordera de Cambiemos.
El inicio de la labor legislativa fue para designar las nuevas autoridades de cada bloque, así como también se estableció el nombre del oficialismo dentro del Concejo, que trabajará bajo el nombre PJ-Unidad Ciudadana. Éste espacio contará durante el 2018 con Ana Tranfo como presidenta y Emiliano Baloira como su segundo y Cambiemos tendrá a Diego Cordera como titular y Fabio Denuchi como vice, mientras que el Frente Renovador-UNA estará bajo el liderazgo de Ramiro Trezza.
Luego se trató en conjunto el repudio al pedido de desafuero y prisión domiciliaria de la ex presidenta y actual Senadora Cristina Fernández de Kirchner, a los procesamientos de Andrés Larroque, del excanciller Héctor Timerman -actualmente con prisión preventiva domiciliaria- y detenciones del ex secretario General de la Presidencia Carlos Zanini, de Luis D’Elía, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, y Fernando Esteche, quienes según el bloque PJ-UC fueron “encarcelados víctimas de la persecución política y judicial que el gobierno encabezado por Mauricio Macri lleva adelante contra los dirigentes opositores”.
En los proyectos aprobados y dirigidos al presidente Mauricio Macri, a la vicepresidente Gabriela Michetti y al Juzgado Federal Nº11 a cargo del Juez Claudio Bonadío, sobre quien la concejal oficialista Daniela Vilar afirmó que “pareciera que estuviese obsesionado con la figura de la expresidenta Cristina Kirchner”; se expresó un “enérgico repudio a la persecución política de ex funcionarios, sin respetar las garantías ni los derecho constitucionales a procesos justos y transparentes”.
En ese sentido, Álvaro Llambi del FPV consideró que “los opositores, en Argentina, pareciera que estuviese en libertad condicional” y sostuvo: “Somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, no tenemos garantías ni derechos constitucionales para ejercer el rol que la sociedad demanda, el ser opositor a un gobierno”.
En respuesta, Sandra Ferreyra de Cambiemos, la única voz de la primera minoría en el tema, señaló que aguardarán “que la justicia se expida” con respecto al tema, al tiempo que desde el FR-UNA el edil Juan Castagnini apoyó a medias la propuesta del oficialismo.
“Las medidas tomadas por el juez Bonadío son violatorias de la Constitución Nacional, de la presunción de inocencia, y eso es muy grave en un estado de derecho”, remarcó, aunque también sopesó que no ve “con tanta claridad” una connivencia entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Judicial.
Los otros proyectos que se aprobaron tras ser tratados en tándem fueron sendos repudios a las reformas jubilatorias y tributarias, a los proyectos aprobados en materia económica que, según el oficialismo local, “vulneran a los más desprotegidos y al conjunto del Pueblo Argentino” y a la represión efectuada por los efectivos de seguridad el pasado jueves 14 y lunes 18. Ambos fueron dirigidos a la Presidencia de la Nación y al Congreso, pero el último también a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
“Le metemos la mano en los bolsillos a los jubilados pero le sacamos a los empresarios las cargas de los aportes patronales y no se incentiva la economía interna en el país”, graficó la presidenta del bloque PJ-UC que además pidió “certeza jurídica y estabilidad económica”.
En contrapartida, el flamante concejal de Cambiemos Gustavo Ganchegui brindó cifras sobre el crecimiento económico y laboral registrado por el gobierno durante el último año pero indicó que “se están tomando las medidas necesarias para encarrilar una recesión que se arrastra desde el 2014” y en donde se busca “la consolidación del mercado interno y del desarrollo productivo del país”.
Llambi continuó en esa línea y aseguró que “el gobierno se genera problemas para después solucionarlos con ajustes”, pero también se refirió a los hechos violentos registrados en las calles durante los días de sesión donde afirmó que “la policía tiró a matar”, que él terminó con cinco heridas de balas de goma y allegados suyos gravemente heridos.
“El ajuste solo cierra con represión y no van a empujar al pueblo a la desesperación porque va a pelear”, consideró y advirtió: “El pueblo argentino se está cansando de esto, empiecen a gobernar en favor de los sectores populares y corrijan hacia donde van”.
Castagnini fue uno de los que se expresó con términos más duros al asegurar que los proyectos que pasaron por el congreso están cargados de “perversión, cinismo e inhumanismo”, al igual que la defensa de los mismos en el recinto, y que los hechos de violencia “responden a un interés del gobierno”.
En línea con la violencia, Cambiemos también presentó una comunicación para repudiar los acontecimientos del pasado martes 12 en la comisión de Presupuesto y Previsión de Diputados aunque el mismo fue rechazado por el voto negativo de todo el oficialismo. “Nos damos cuenta de la gente que se manifiesta en paz y de aquellos que van a romper la armonía”, sostuvo Silvia Sierra de ese espacio sobre aquel momento y observó que “hasta se vieron candidatos a diputados tirando bombas de estruendo”, en referencia al excandidato santafesino Sebastián Romero.
Ana Tranfo, en respuesta, cargó las tintas sobre los tiempos de tratamiento que ocupó a los diputados y que consideró fueron reducidos. “Cuando no se quiere escuchar y cuando un tema tan delicado como éste no se le da el tiempo necesario de trabajo para sacarlo antes de fecha por otra razón, lamentablemente generamos reacciones violentas”, argumentó.
También se repudiaron los hechos de violencia del pasado jueves 14 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires cuando el intendente de Ensenada Mario Secco ingresó al recinto junto con un grupo de sindicalistas y militantes para interrumpir la sesión.
Además se aprobó el pedido de suspensión en la licitación para la instalación de un ascensor en la estación de Temperley para el uso de los vecinos que crucen de un lado a otro y en su lugar analizar otro sistema más apropiado, el refuerzo en las medidas de seguridad para el Cementerio Municipal y obras de bacheo y asfalto para varios sectores del distrito.
