Tras el paro, Judiciales advierten que podrían no retomar las actividades en febrero

Luego de no concretar un acuerdo con el Gobierno provincial, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizó un paro para exigir una nueva convocatoria que contemple las mediciones de la inflación. El Gobierno les ofreció 4 puntos porcentuales en relación al salario de diciembre que totaliza un 31%.

En diálogo con DiarioConurbano.com, el secretario General de AJB Quilmes, Gonzalo Ciannis, relató que de no resolverse esta situación, corre riesgo que comience la actividad judicial en febrero, después de la feria judicial. 

“Estamos siendo forzados a no tener margen de negociación y la única manera de revertirlo es determinando el paro. No pretendemos salir ganando en medio de una pandemia pero no queremos perder tampoco. Entendemos que los costos de la crisis la deben afrontar los de mayores recursos, no los trabajadores”, alertó el dirigente sindical.

La AJB concretó una reunión con el Ejecutivo que debería haberse realizado a principio de mes. Durante la discusión el Gobierno planteó como definitiva la oferta de un 31% mientras la inflación proyectada es del 35%. 

“No plantean la posibilidad de una apertura, ese fue el único ofrecimiento y nosotros planteamos que es inaceptable que la paritaria termine debajo de los 35% del INDEC”, aseveró Ciannis.

A raíz de la falta de acuerdo, el gremio decidió realizar un cese de tareas tanto de los trabajadores que se desempeñan presencialmente como los que lo hacen de manera remota. A lo largo de diciembre, ambas partes concretaron dos reuniones pero según el último acuerdo se iba a convocar a principios de diciembre y no fue así.

En este sentido, el secretario general de AJB Quilmes opinó que se los obliga a decretar el paro. “No queremos estar atrapados en una lógica que nos tiene por debajo de la inflación, tenemos que discutir la recomposición de la pérdida salarial en los últimos dos años de Vidal y ahora los puntos perdidos durante el 2020”, manifestó. 

En este marco, desde AJB exigen que se vuelva a convocarlos teniendo en cuenta las mediciones de la inflación, que se analicen las condiciones laborales, las reivindicaciones sectoriales, los recursos sanitarios, entre otros puntos.