El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora realizó su décima sesión ordinaria del año este miércoles en la cual el repudio ante la eliminación del Fondo Federal Solidario y la auditoría que el FMI realiza en el país se llevaron gran parte del debate, además de los rechazos a los aumentos en las tarifas de transporte público y los despidos en la planta de FEMSA que completaron la página económica. Hubo pedido de informes sobre la labor de Covelia y el presupuesto ejecutado, creación de un escuadrón canino de búsqueda de personas y modificación en la regulación de panaderías.
Con una agenda direccionada a la crítica de las decisiones del Gobierno Nacional en materia de política económica; que Cambiemos no acompañó en ninguno de los proyectos; el Concejo Deliberante tuvo su punto más álgido con la aprobación de la comunicación dirigida al Congreso de la Nación por la eliminación del Fondo Federal Solidario o “Fondo Sojero”, el cual afecta directamente a las arcas de los 135 municipios de la provincia, en donde además del repudio se pidió retrotraer la medida.
Es que la quita por decreto del mismo implica una pérdida de $700 millones para la provincia en lo que resta del año, lo que en Lomas de Zamora significan 38 millones menos para el resto del ejercicio 2018, desequilibrando el presupuesto tal como intendentes peronistas habían comunicado días atrás.
El autor del proyecto, el concejal Emiliano Baloira de PJ-Unidad Ciudadana, sostuvo que “eliminando éste fondo se impacta directamente en los recursos” y “se interfiere en los presupuestos ya aprobados en cada uno de los Concejos Deliberantes” porque el mismo “reforzaba los fondos municipales y provinciales” pero se efectuó “como si no pasara nada”.
“Tenemos que seguir apostando a generar obras y no se puede de un día para el otro con una decisión intempestiva por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia quitar recursos a las provincias”, remarcó el vicepresidente del bloque oficialista.
Desde Cambiemos, en tanto, anunciaron su rechazo y Gustavo Ganchegui justificó la medida al indicar que “Argentina está en un proceso de quita de la presión impositiva e intentando reducir el déficit”, mientras que pese a la reducción de 38 millones destacó un aumento en la coparticipación provincial al señalar que “el Gobierno Nacional está reduciendo una transferencia pero por el otro lado le está aumentando a las provincias”, lo que generó algunos cruces entre oposición y oficialismo.
En el Frente Renovador-UNA, Ramiro Trezza apreció como “muy importante” la función del Fondo pero consideró que “debería ser mucho más que 38 millones” lo que le llegue de fondos al municipio bajo este concepto para “no estar rogando a distintos personajes que entreguen obras o apelando a la buena voluntad de la gobernadora y el presidente para que den los fondos”.
Íntimamente ligado a éste tema, desde PJ-UC Álvaro Llambi presentó un repudio a la visita de la auditoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el pasado 13 de agosto para auditar la economía nacional y supervisar el cumplimiento de las metas establecidas para el otorgamiento del crédito de US$50 mil millones solicitado desde la cartera de hacienda, motivo por el que el presidente Mauricio Macri eliminó el Fondo Solidario.
“Tuvieron que pedir un rescate al FMI para corregir la política económica que erraron con el Banco Central y hoy viene el Fondo a decir que es lo que tiene que hacer el gobierno y cuál es el presupuesto con el que tenemos que vivir el año que viene. Por eso terminó el gobierno de Macri y arrancó el de los organismos multilaterales en Argentina y esto para nuestro pueblo es cada vez más miseria, desocupación, hambre y crisis económica”, afirmó el referente lomense del Movimiento Evita.
Uno de esos coletazos quedó reflejado en el rechazo hacia el aumento de las tarifas de transporte público de pasajeros que rige desde el pasado 15 de agosto y por el cual Laura Berardo expresó que “se está cercenando la posibilidad de movilidad para las cuestiones básicas como el trabajo, la recreación y el acceso a las instituciones públicas que garantizan los derechos”.
La otra consecuencia fue plasmada en la comunicación referida a los despidos en la planta Alcorta de la empresa FEMSA Coca Cola con la presencia de dos cesanteados que denunciaron armado de causas, persecuciones y aprietes por parte de la patronal. El autor del proyecto, Miguel Font de PJ-UC, expresó su preocupación ante la situación, se solidarizó al igual que su compañera de boque Daniela Vilar con aquellos que perdieron sus fuentes de trabajo en Extreme Gear y señaló que “el ajuste que está ejerciendo Macri afecta directamente a éstas personas, las más humildes que tienen que llevar un plato de comida a la mesa”.
La oposición pidió informes y la mamá de Anahí Benítez volvió al recinto
Uno de los temas destacados de la sesión fue el doble pedido de informes por parte de Cambiemos para saber en qué estado se encuentra la ejecución del presupuesto 2018 (rechazada) y conocer pormenores del servicio que brinda la empresa Covelia en el distrito, propuesta que fue convalidada.
Sobre la empresa, el edil Ganchegui solicitó que se dé a conocer detalles del sistema de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos con los horarios de recolección, los diagramas de las cuadrículas de barrido y de recorrida de los camiones entre otros; ya que el monto destinado en el presupuesto para el pago de estos servicios es de $530 millones y se registran inconvenientes con el cumplimiento en tiempo y forma de los mismos.
Por otra parte, se aprobó la creación de un escuadrón canino de búsqueda y rescate de personas que entrará en vigencia durante 2019, una vez que se le haya asignado su correspondiente partida presupuestaria y se conforme a la fuerza como tal.
En la presentación de la ordenanza estuvo presente Silvia Benítez poco después de haberse cumplido un año del asesinato de su hija Anahí, quien celebró la medida y llamó a cambiar el protocolo de búsqueda cuando se denuncia la desaparición de una persona, algo que puede cristalizarse con la utilización de perros rastreadores caninos desde el primer minuto del proceso.
Durante la sesión también se aprobó la modificación de la ordenanza que servía de medida para la regulación y habilitación de panaderías, estableciendo así la prohibición de elaboración de productos en despachos de pan o sucursales y la venta de estos fuera de los comercios habilitados para tal fin, por lo que el expendio en éstos lugares solo podrá ser de panificados envasados y rotulados correctamente con procedencia y fecha de vencimiento.
Además de especificar la forma exhibición de productos, también se vedó la posibilidad de comercializar fuera de las panaderías productos tales como pan precocido, crudo o congelado aunque se exceptuó a los hipermercados de la norma.
La semana pasada el municipio firmó un convenio con el Centro de Industriales Panaderos de Cuartel IX y Lomas para implementar el programa “Pan en la mesa de todos los vecinos” desde septiembre, cuando en 200 panaderías del distrito se pondrán a la venta todos los días 50 kilos de pan a $30 cada uno. La iniciativa también fue presentada durante la jornada.
