Lanús: Preparan pedido de informe por concejal oficialista involucrado en robo de combustible

Frente a la causa que investiga el robo de combustible en YPF desde una planta clandestina que arrojaba hidrocarburos al Riachuelo y que involucra al concejal oficialista de Lanús Alberto Torres, la oposición del Frente de Todos exige que el Municipio de una explicación al respecto y preparan un pedido de informe para que se avance desde el Concejo Deliberante junto a una comisión investigadora. También, podrían pedir que se le anule el poder del voto al edil, hasta que se esclarezca su situación. El edil negó la acusación y cuestionó los planteos del kirchnerismo.

En su cuenta de Twitter, Torres negó los cargos y sostuvo que los allanamientos en su domicilio resultaron negativos. Además, acusó a ese sector de la oposición de aprovechar políticamente la situación y disparó: “Estos supuestos dirigentes que dicen ser peronistas no tienen límites ni éticos ni morales, son inescrupulosos y tratan de ensuciar mi nombre, yo puedo defenderme solo, pero con sus mentiras solo generan angustia y dolor en mis seres queridos”.

En diálogo con DiarioConurbano.com, la presidenta del bloque del FdT-UC, Natalia Gradaschi, adelantó: “Estamos armando un pedido de informe y vamos a charlarlo con el resto de los bloques. Nosotros no llevamos adelante la investigación, para eso está la Justicia, pero tenemos que tener la información necesaria para tomar una definición desde lo institucional”.

“Entiendo que el concejal está siento investigando o imputando, de acuerdo a la información de la causa tendríamos que armar una comisión investigadora, también de acuerdo a la información de la causa, podríamos vetarle su derecho al voto mientras sea investigado. Son las medidas que podemos tomar desde el Concejo”, explicó la edil.

Además, apuntó que “Torres no es cualquier concejal o dirigente, es un referente importante dentro de Cambiemos” e instó a que a partir de la información que se desprenda de la causa tomar “las definiciones institucionales” que correspondan. “De la misma manera, esperamos que así sea la respuesta del Ejecutivo local”, aseveró.

En ese sentido, Gradaschi reclamó que desde el Ejecutivo local muestren “la voluntad de que se investigue a fondo para que se llegue a las últimas consecuencias”.

“Por lo que entiendo, tamaña organización que se hizo para un robo millonario al Estado nacional, hace falta una logística y entramado de encubrimiento que no debe ser este concejal nada más. No puedo creer que haya existido el funcionamiento de una destilería y que no se tuvo información desde el Estado local”, criticó.

Asimismo, respondió a las acusaciones de Torres contra su espacio y replicó: “No usamos políticamente esta situación, lamentamos esta situación, lamentamos que, si se comprueban los hechos, haya personas con responsabilidad legislativa que estén implicando en un robo millonario al Estado argentino. No solo el robo, sino también los daños a la salud y medioambiente”.

Hasta el momento, el Concejo Deliberante no convocó a sesiones ordinarias, el oficialismo no se expidió al respecto y la oposición no descarta convocar a una extraordinaria.

Causa por el robo de petróleo a oleoductos de YPF

El martes, la Policía Federal detuvo a 21 personas, luego de 39 allanamientos realizados en distintas zonas del Conurbano bonaerense y del interior del país en el marco de una causa que investiga a una organización criminal que robaba petróleo de un oleoducto de la empresa estatal YPF, lo refinaba en destilerías clandestinas y luego lo vendía como combustible a estaciones de servicio..

Los procedimientos, realizados de forma simultánea, fueron ordenados por el juez federal 2 de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, quien tiene a su cargo la investigación de la maniobra ilícita. Uno de los allanamientos fue en la vivienda de Torres.

Voceros judiciales informaron que 21 personas fueron detenidas por efectivos de distintas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) luego de 39 allanamientos realizados en distintos puntos del conurbano bonaerense y en las localidades de Olavarría, Azul y Villa Ramallo de la provincia de Buenos Aires.

La causa, iniciada en octubre del año pasado, investiga el accionar de una organización criminal que se apoderaba ilegalmente de petróleo propiedad del Estado nacional y contaba con una compleja estructura comercial para destilar y refinar el crudo, y finalmente insertar los productos derivados en el mercado formal e informal.

Las pruebas recolectadas permitieron determinar que en febrero pasado la banda extrajo petróleo mediante punciones a un oleoducto de la empresa estatal YPF, en la localidad bonaerense de Coronel Dorrego, para lo cual los miembros se habrían alojado previamente en la ciudad de Bahía Blanca.