El Concejo Deliberante de Lanús llevó a cabo una nueva sesión ordinaria en la cual se aprobó por unanimidad una ordenanza que presentó el oficialismo para declarar al Servicio de Transporte Escolar que funciona en el distrito en estado de emergencia. También, se aprobó una serie de convenios sin grandes debates de por medio.
A partir de esta sanción, se prorroga la habilitación de la prestación hasta 2022, se exime el pago de patentes del año 2021 y se autoriza a transportar personas mayores de 18 años hasta tanto perdure la situación de emergencia.
En tanto, el bloque de FdT-UC presentó sobre tablas un proyecto para que se disponga la obligatoriedad de trasmitir en vivo y directo las sesiones del Concejo, pero no llegaron al número para aprobarse a libro cerrado y fue girado a comisión.
Por otra parte, se aprobaron por mayoría dos convenios, uno entre el Ejecutivo municipal y la Fundación “El Potrero”; y otro entre el Municipio y con Junta Vecinal Unidad y Lucha.
Los dos proyectos no fueron acompañados por el Frente de Todos, pero ante la ausencia de la concejala Mayra Daporta a la hora de votar, el oficialismo logró 12 votos para aprobarlo por mayoría.
“Este expediente que es una autorización para la suscripción de un convenio marco, fue tratado en la comisión de gobierno donde no salió por unanimidad. Durante labor, escuché que algunos bloques del FdT iban a votar en contra y creo que es importante aclarar, que no me gustaría que quede que se aprobó por mayoría o por el voto doble del presidente, estos proyectos requieren del conjunto de los concejales”, reclamó el concejal del FREJULA, Héctor Montero.
Además, sostuvo que “la fundación del potrero es sin fines de lucro, donde hacen un fuerte trabajo social basándose en políticas de igualdad de género e inclusión social” y replicó que el trabajo que realizan esas organizaciones “es base de la ideología peronista”.
Al respecto, la presidenta del bloque del FdT-UC, Natalia Gradaschi, arremetió: “Lamento no cumplir con las expectativas de Montero. Lamento también que este expediente que se ha debatido dos veces en la Comisión de Gobierno y labor no haya contado con la información que dice Montero porque no figura en el expediente”.
Criticó, en tanto, que “las convalidaciones de los convenios son muy generales para asumir la responsabilidad de avalar bajo el título de trabajo social sin tener un debate profundo de cuál es la perspectiva” y reclamo que haya “información más específica de cuáles son las perspectivas de abordaje de estas instituciones”.
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