El Concejo Deliberante de Lanús llevó a cabo una nueva sesión virtual en la cual se aprobó por mayoría la creación de un programa de “protección a las actividades comerciales y de servicios desarrollados en inmuebles que no fuesen propiedad del titular de la habilitación” y cuyo contrato de alquiler se encontrara en vigencia en el momento que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El expediente fue aprobado por 23 concejales del oficialismo y la oposición, mientras que el edil Héctor Montero del FdT votó en contra al advertir que “existe un vacío legal” en el proyecto que fue aprobado, luego de ser tratado en la Comisión de Gobierno.
Según se desprende del articulado, si un comercio que alquilaba en Lanús, cerró por la pandemia y su contrato de alquiler estaba en vigencia; el propietario no podrá alquilar ese local para que se desarrolle la misma actividad o similar, al menos que el anterior inquilino lo autoriceel a través de un consentimiento expreso.
“La presente Ordenanza tiene por objeto recomendar a propietarios de inmuebles comerciales e inquilinos comerciales afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se garantizan mutuamente la continuidad de la actividad comercial habilitada, extendiendo los contratos de locación por el término de dos años, contados a partir de su vencimiento, en pos de garantizar al propietario su alquiler, al inquilino la recuperación económica y su actividad comercial y a los empleados la fuente laboral, considerando que estamos ante un acontecimiento extraordinario que justifican remedios extraordinarios”, plantea el artículo 2.
Mientras que en el artículo tercero, la ordenanza explica que “al momento de tramitar el cese, traslado y/o cualquier modificación que implique el abandono del inmueble arrendado, la persona física o jurídica titular, deberá brindar en forma previa y obligatoria, su consentimiento a la pertinente habilitación pudiendo optar si el consentimiento es inmediato o en un número de meses no superior al plazo establecido en el Artículo 4º” y advierte que “toda persona física o jurídica titular que se negare a brindar su consentimiento, no podrá habilitar actividades comerciales en el distrito por doce meses”.
Cabe aclarar que la ordenanza estará en vigencia de forma “transitoria” entre lo que se extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Durante el debate, el presidente del Concejo, Marcelo Rivas Miera, pidió ser suplantado en la presidencia y tomó la palabra y explicó: “Fui uno de los primeros opositores a las formas que estaba redactado el expediente. Nos pusimos a buscar con el Ejecutivo y con el resto de los concejales una figura jurídica que permitiera contemplar determinadas secciones en este rubro, aunque esto es para todos los rubros. una norma que contemplara poder proteger al comercio local. Encaramos el tema con un programa de protección”.
Por otra parte, se aprobó la ampliación del Programa de Asistencia Tributaria de Emergencia para los contribuyentes y vecinos del partido de Lanús afectados por la emergencia sanitaria, económica y financiera. Se exime del pago de la 3° cuota de ese año del régimen único de comercios para pequeños contribuyentes a los contribuyentes que se encuentren registrados bajo este régimen; se exime a los períodos del 7° al 12° de los derechos de ocupación o uso del espacio público por ferias y puestos transitorios; se exime del pago del período anual a la tasa de servicios varios correspondiente a juegos de esparcimiento, entre otros.
Al inicio de la sesión, los ediles homenajearon a José Ignacio Rucci, tras cumplirse un nuevo aniversario de su asesinato. «Un hombre con una lealtad indeclinable, lealtad a Peron, a los trabajadores y al pueblo argentino. No es momento de hacer revisionismo histórico, la pregunta más importante no es quien lo mató, sino porque lo mataron a Rucci. A Rucci le tocó firmar el Pacto Social que había ideado Perón, un acuerdo para frenar la inflación, sin aumentar precios y salarios. La intención de Perón era, apaciguar un ambiente alterado por la sucesión de golpes militares que tutelaban una frágil democracia, buscaba la conciliación entre el trabajo y el capital, y algunos sectores se sintieron traicionados. Fue un atentado contra el pueblo, contra su conductor y contra la clase obrera”, manifestó Montero.
También, se aprobó el apoyo a la iniciativa del proyecto de Ley del aporte extraordinario a las grandes riquezas en el marco de la pandemia de coronavirus.
