El Consejo Deliberante lomense aprobó en sesión ordinaria el rechazo al nuevo protocolo de utilización de armas de fuego con duras críticas del oficialismo, que tildó al mismo como “la legalización del gatillo fácil”. En la reunión número 17 del período que se realizó este viernes, también vio luz verde una comunicación contra el cierre de cursos y carreras terciarias en el distrito.
Durante la anteúltima sesión del año y tras la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva en Asamblea de Mayores Contribuyentes, el HCD de Lomas de Zamora llevó al recinto el polémico reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad, cuyo rechazo fue aprobado por el oficialismo y por el Frente Renovador-UNA. Cambiemos en su totalidad, le bajó el pulgar a la propuesta.
Es que desde Unidad Ciudadana la autora del proyecto, la edil Laura Berardo, aseguró que el protocolo “es una decisión política antes que una resolución que empezó marcada por la incapacidad de la ministra para llevar adelante el Superclásico y la ciudad sitiada para el G20”.
A su vez afirmó que el mismo “vulnera el Estado de Derecho, es anticonstitucional y va en contra las recomendaciones que la ONU hizo para el uso de armas por aquellos que deben llevar adelante la ley”, por lo que consideró que el reglamento “legaliza el gatillo fácil en la Argentina” y significa “retroceder en muchos debates que se dieron tras la dictadura militar”.
La titular de ese espacio legislativo, Ana Tranfo, sostuvo en esa sintonía que “el gatillo fácil en nuestro país nunca dio resultado” y llamó a que “a alguien se le caiga una idea y haga un programa de seguridad integral y no solo firmar una resolución de gatillo fácil” porque “los chicos en situación dudosa no habilita a tirar un tiro y matarlos”.
La contracara fue el presidente del bloque Cambiemos, Diego Cordera; quien fue categórico: “Rechazamos el proyecto y vamos a aplaudir este tipo de medidas que ayudan a combatir la inseguridad para que los lomenses podamos vivir más tranquilos”.
En esa línea y por el mismo espacio, Silvia Sierra sostuvo que “es un tema que nos preocupa y compete pero los Derechos Humano son para todos y tenemos derecho a llegar a nuestras casas y nuestros hijos también”.
En tanto que desde el FR-UNA Fernanda Vázquez manifestó la adhesión del espacio al proyecto y argumentó que “la mayor discrecionalidad en el uso de las armas de fuego no contribuye ante la inseguridad” sino que la misma solo generará “una grieta mayor en la sociedad” porque la norma “es totalmente imprecisa y va a generar más problemas de interpretación”.
“Es un claro retroceso en materia de Derechos Humanos porque también atenta contra la necesidad de que nuestras Fuerzas de Seguridad tengan normas transparentes con procedimientos que se ajusten a la Constitución. En definitiva genera mayor estigma en las Fuerzas, algo que se arrastra desde la dictadura, y una mayor grieta entre éstas y la sociedad, por lo que expresamos preocupación”, concluyó la edil.
Por otra parte, impulsado por el oficialismo en el recinto se aprobó una comunicación en rechazo a “cualquier intento de reducir la cantidad de cursos y/o carreras en los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de la provincia y en particular de los ISFD 103, 102, 18, 172, 173 de Lomas de Zamora».
La referente de la Cámpora en el distrito, Daniela Vilar, indicó que es “una irresponsabilidad total” el cierre de cursos, lo que denota “ausencia de políticas públicas para abarcar la inclusión social” y que “es coherente con el recorte previsto en materia educativa dentro del presupuesto 2019 en la provincia”.
Marcia Figueroa, docente del ISFD 103 de Fiorito y del 101 de Avellaneda, se presentó en el recinto para exponer su situación como trabajadora de uno de estos centros educativos y aseguró que “no hay un fundamento real para reducir cursos” y que incluso el Instituto lomense “esta colmado de estudiantes y hasta se necesitaría un edificio nuevo”.
El cierre de cursos “implica la reducción laboral para los docentes y una pérdida de calidad a la hora de dar clases, porque no es lo mismo dar para 20 que para 120 alumnos” observó y enfatizó que la medida se trata de “un proyecto integrar de ajustes en la educación que privan de derechos a los estudiantes y a toda la comunidad”.
En otro orden, Cambiemos pidió, por medio de un proyecto dirigido al Ejecutivo municipal, detalles de la ejecución del presupuesto durante el tercer trimestre del año, el cual fue girado a la comisión de Hacienda.
Por su parte el FR-UNA presentó una comunicación para poner en relieve la problemática del Jardín 924 de Temperley, que no puede cumplir con la jornada de clases completa por falta de suministro eléctrico desde julio pasado, además de fallas edilicias y filtraciones de agua.
Para colmo, el titular del bloque massista, Ramiro Trezza, fue vedado de asistir al establecimiento y la directora del mismo suspendida por la Dirección General de Escuelas provincial tras la visita del edil para interiorizarse de la situación ante el reclamo de los padres.
“Cuando me acerqué (por segunda vez) la única notificación que recibí cuando quise ingresar fue que la directora no estaba, que había sido sancionada por dejarme entrar la primera vez y me pidieron que desista de visitar el jardín porque comprometía a las autoridades y a la encargada de ese momento”, relató Trezza.
Sobre la decisión del gobierno provincial, el concejal del FR-UNA se mostró sorprendido al señalar que “en vez de solucionar el problema edilicio y eléctrico que el establecimiento tenía, lo primero que hizo fue sancionar a la directora que hizo visible la situación”, algo que calificó de “inentendible”.
En respuesta, el concejal de Cambiemos Fabio Denuchi apuntó contra el Ejecutivo local al recordar que el municipio “lo refaccionó y sacó las instalaciones de gas y los convirtió en eléctrico en su totalidad” con tendidos que “no estaban acordes al consumo del lugar”.
