Con críticas de la oposición, se aprobó en Lanús la “privatización de la deuda municipal”

El Conejo Deliberante de Lanús llevó a cabo una nueva sesión ordinaria en la cual se aprobó por mayoría el llamado a licitación pública para que una empresa se encargue del cobro de deuda y mora que vecinos tienen con el Municipio en el pago de la Tasa de Seguridad, TSG y en derechos de construcción. Desde el Frente de Todos denunciaron que se trata de “la privatización de la deuda municipal” de vecinos y vecinas del distrito.

Bajo el título “servicio de colaboración y asistencia técnica para el fortalecimiento del sistema tributario bajo la modalidad de riesgo empresario”, Juntos por el Cambió logró aprobar la ordenanza con 12 votos a favor y con el voto doble de la presidencia. El expediente fue acompañado por el bloque Frente Justicialista de Lanús,

En medio de un extenso debate, la oposición criticó la medida y advirtió sobre las consecuencias que traerá para los vecinos que deben tasas municipales, mientras que el oficialismo replicó que es una forma de “aumentar” la base de contribuyentes con aquellos que han evadido el pago de tasas desde hace años.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, Omar López, destacó que “el expediente tuvo la colaboración y participación de todos los actores” entre ellos los sindicatos municipales, con quienes acordaron la incorporación de un artículo “garantizando la estabilidad laboral” de los empleados municipales del área de cobranza. “Eso ya estaba garantizando, pero lo que abunda no daña”, enfatizó.

Explicó, además, que “se incorporó un inciso para la recisión unilateral del Municipio ante cualquier situación irregular que contemplen en el avance de esta ordenanza” y subrayó que el expediente plantea “la contratación de un servicio de colaboración y asistencia técnica bajo la modalidad de riesgo. Es algo novedoso para el distrito, pero no para los demás distritos vecinos que ya lo venían incorporando”.

“Este pliego establece un nuevo parámetro para el cobro de tributos municipales, llevar adelante a través de un contrato de riesgo empresario. La bondad de la licitación radica a mi juicio, en una de las cosas más importantes en la modernización de la gestión de cobro y poniendo énfasis en la apoyatura logística, software y equipamiento que le permite al Municipio tener una visión exacta de lo que se cobra”, agregó.

Indicó, además, que el expediente “habla de la estabilización del cobro de los impuestos municipales, la parte de base será parte de la Municipalidad, se aportará el personal técnico de cantidad y calidad adecuado y permitirá un mejor control de los tributos y una mejor distribución de los ingresos, sin necesidad de apelar al aumento de las cargas tributarias”.

También, aclaró sobre “los planes de refinanciación serán aprobadas por la Municipalidad, que va a ser la que fiscalice y ejecute estas cuestiones” y reiteró que el objetivo es “lograr equidad e igualdad entre contribuyentes”.

Desde la oposición, la presidenta del bloque de FdT-UC, Natalia Gradaschi, insistió en la importancia del rol del Estado y realizó un paralelismo en este contexto de pandemia en donde “en los países donde el Estado está presente, se cuida la vida y donde prima el mercado, se acrecienta el sufrimiento de la gente”. “Es necesario tener políticas activas para acompañar las consecuencias económicas que la pandemia puede generar en cada hogar”, rebatió.

En ese punto, consideró que “es inoportuno” el proyecto que presentaron y acusó que “la propuesta es desdibujar al Estado local, tirar a las garras del sector privado a la ciudadanía que va a buscar sus ganancias, pero el Estado tiene que cuidar, entender el contexto, tener en cuenta situaciones sectoriales y particulares”.

Apuntó que a partir de la sanción del expediente “se autoriza a una empresa a desembarcar en el Municipio, a instalarse en las dependencias municipales, a que gestionen el cobro de tributos y deudas devengandas y no percibidas que no hayan sido pagadas, a definir sus propias estrategias de cobro para los distintos segmentos”.

“Se le da amplias facultades a una empresa privada, a armar una base de datos amplia, a que puedan manejar al personal municipal, a contratar personal, a utilizar recursos municipales, a establecer estrategias de cobro, a cobrar y recoger la deuda, a intimar a vecinos, a llevar a cabo acciones extrajudiciales”, sentenció Gradaschi.

Al cruce salió el presidente del Concejo, Marcelo Rivas Miera, quien bajó a la banca y atacó a la oposición, a quien acusó de llevar adelante “una política bipolar” y aclaró: “No buscamos ir en busca de ningún vecino”.

“Deben entender la necesidad que tiene el Municipio de hacer frente a la demanda diaria, pero creo que acá se busca otra cosa, este expediente es la excusa de que como necesitamos mejorar la recaudación, ustedes quieren que se aumenten las tasas para que nos puteen, pero somos conscientes de cuál es la situación económica de los vecinos”, arremetió el edil oficialista.

Recordó, además, que una ordenanza similar fue votada durante la gestión de Darío Díaz Pérez y acusó al Frente de Todos de “querer desfinanciar al Municipio para que no se paguen los sueldos municipales”.

A su turno, el concejal del FREJULA, Héctor Montero, justificó su acompañamiento y cruzó a sus compañeros del Frente de Todos: “¿Somos todos gorilas y vamos por el bolsillo de los contribuyentes? Acá estamos hablando de cosas más gruesas, tenemos la obligación como Estado Municipal de tener recursos y ¿de dónde sacamos los recursos? ¿Aumentando una vez por año los impuestos a la misma gente? No, se busca ampliar la base de contribuyente”.

La discusión se extendió por varios minutos hasta que finamente la ordenanza fue votada por 12 votos afirmativos de Juntos por el Cambio y Montero, y desempató el voto doble de la presidencia del Cuerpo.

Por otra parte, también se aprobó por unanimidad una ordenanza que regalementa el funcionamiento de Ferias Francas en el distrito; y la eximición del del pago de la Tasa por Servicios Generales, correspondiente al ejercicio 2021, a toda persona física o jurídica titulares de inmuebles donde se desarrollen actividades teatrales.