“La Comisaría estaba clausurada desde 2012, estaban en condiciones infrahumanas. La investigación que pedimos es sobre las responsabilidades funcionales y por las condiciones previas que generaron la situación de protesta de los presos”, manifestó Sandra Raggio, Directora General de la Comisión por la Memoria en diálogo con DiarioConurbano.com. Cumpliéndose 20 días desde el incendio de la Comisaría de Transradio, en Esteban Echeverría, los familiares de las nueve víctimas fatales se reunieron con el fiscal a cargo, Fernando Semisa, para exigir avances en la investigación sobre las responsabilidades.
En tanto, este miércoles trascendió que cinco policías de la provincia de Buenos Aires fueron desafectados de sus funciones a raíz del incendio. La decisión fue tomada por la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial y recayó en el subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspector Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco, quienes se desempeñaban en dicha dependencia.
Según las fuentes, se trata de una decisión administrativa de carácter interno mientras continúa la causa penal que lleva adelante la Justicia.
Luego del incendio se tomaron declaraciones a los Policías de la dependencia, a los detenidos que sobrevivieron y a los bomberos. Según lo investigado, los detenidos comenzaron a prender fuego los colchones a modo protesta por las condiciones en las que se encontraban.
Desde la Comisión señalaron que el lugar estaba sobrepoblado, había 21 personas a la espera de su traslado, no tenía ventilación, ni procedimiento en caso de incendio o matafuegos. Mientras el fiscal se abocó por el incendio seguido de muerte, la Comisión y los familiares solicitan que se analice la cadena de responsabilidades.
En este sentido, Raggio aseguró que “el fuego es una forma de protesta que tienen los detenidos para reclamar por mejores condiciones”, es por eso que los colchones deben ser ignífugos, además de garantizar otros medios para evitar incendios.
“La explicación de las muertes está en las condiciones previas que generaron la situación de protesta. La responsabilidad penal es para quienes crearon las condiciones para que suceda esto, como el Ministro de Seguridad provincial o la Gobernadora”, manifestó la Directora de la Comisión.
En la madrugada del 15 de noviembre último, los detenidos comenzaron a agrupar colchones para prenderlos fuego en protesta de las condiciones precarias en las que estaban. Según el familiar de uno de los últimos detenidos que falleció por las heridas fatales, el joven tendría que haber estado 72 horas en la Comisaría para luego ser trasladado pero estuvo un año y seis meses.
Desde la Comisión resaltaron que hay 100 Comisarías clausuradas que tienen el deber de trasladar a los detenidos por las condiciones infrahumanas en las que se encuentran y que sin embargo, continúan en funcionamiento. Un juez de garantías de Esteban Echeverría había presentado en marzo una orden -que aseguraba que las detenciones en el edificio eran ilegales- hacia el Gobierno provincial para que desalojaran el lugar. “Es una prueba irrefutable. La justicia intervino y dictaminó que tenían que ser trasladados pero hubo una decisión política de no hacer la reforma estructural que hay que hacer para que esto no ocurra”, sentenció Raggio.
