Opinión: Sin educación pública, no hay futuro

Por Magdalena Sierra*. Desde que Cambiemos asumió el gobierno nacional y el provincial, no solo las promesas de bajar la inflación, mejorar la educación y aumentar a los jubilados/as se demostraron como mentiras para todos/as aquellos/as que lo votaron o no; sino que también todas sus acciones constituyen una clara política de ajuste que día a día cobra dimensiones injustas e inhumanas convirtiendo aquellas promesas en una muestra de cinismo planificado.

Entre estas políticas, el desmantelamiento del sistema educativo y de ciencia y tecnología es una herramienta más con la que Cambiemos avanza en la transferencia de riqueza hacia los sectores concentrados. Con solo leer la letra chica del acuerdo con el FMI salta a la vista que uno de los requisitos es dejar de financiar los sistemas públicos de educación y de ciencia y técnica. Esto implicó que en estos años se dejara de invertir en infraestructura educativa; los sueldos docentes aumentaran en porcentajes por debajo de la inflación; que se cerrara el ingreso a carrera de investigadores/as y el ataque sistemático a los entes nacionales encargados de la transferencia de tecnologías y saberes a la producción industrial y agropecuaria: el INTI, el INTA, el INVAP, el Centro Atómico Bariloche y el Instituto Balseiro, entre otros, son objeto de reducción de la planta de su personal técnico y de sus oficinas en distintas regiones de nuestro país.

En este clima de incertidumbre social producida por una desastrosa política económica en la que la suba del dólar, en niveles nunca vistos en la historia argentina, se traduce en inflación y reduce los salarios de todos y todas, las universidades nacionales decidieron un plan de lucha para enfrentar ese ajuste que se aplicó por goteo desde que el actual gobierno asumió sus funciones. La falta de recursos para asegurar el funcionamiento de las universidades (el llamado “presupuesto universitario), sumado a la ofensiva propuesta de una aumento del 10,8% de los sueldos docentes (la primera) en tres cuotas no acumulables (cuando la inflación prevista es del 32%), produjo una reacción no solo de los/as profesores/as, sino también de los/as estudiantes que ven peligrar su posibilidad de tener estudios superiores. Y como si fuera poco, en este marco de reclamos justos y adecuados, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se dijo que no eran necesarias tantas universidades (todas creadas bajo los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández) “porque los pobres no llegan a la universidad”. Si este comentario fuera el único en su clase estaríamos frente a un error o un exabrupto, pero la reproducción de mensajes en el mismo sentido por varios/as funcionarios/as nos habla a las claras de una planificación de la destrucción de una de las principales herramientas de la movilidad social en Argentina: su sistema educativo público, laico, gratuito y de calidad.

La movilización de 57 universidades nacionales (con sus cuatro claustros: docentes, no docentes, graduados y estudiantes) a la que se suman los institutos de profesorados, y la solidaridad de otros gremios, nos muestra a las claras que los derechos consagrados por la Reforma Universitaria de 1918 (autonomía y cogobierno) y  por la gratuidad de los estudios superiores que estableció el gobierno de Juan Domingo Perón en 1949 no solo son un derecho y una necesidad que el pueblo argentino considera como propios e innegociables, sino que también ratifica que este gobierno es para las corporaciones y para los sectores beneficiados por una política de bicicleta financiera.

“Sin educación pública no hay futuro” vemos escrito en carteles improvisados por estudiantes en todas nuestras universidades. Lo dicen los/as estudiantes, no un partido político. Desoír al pueblo que quiere saber no será un acto sin consecuencias y el gobierno de Cambiemos es el responsable.

*Diputada de la Nación (FpV-PJ) – Provincia de Buenos Aires.