Por el Frente de Géneros, Unidos y Organizados de Lomas de Zamora. Otra vez los feminismos nos vemos golpeados por la noticia de un femicidio que pudo haber sido evitado. El asesinato de Úrsula Bahillo nos moviliza y nos interpela para que, desde el dolor y la bronca que sentimos, sigamos luchando para exigir justicia por ella, pero también para que se reforme el accionar y la celeridad de los juzgados y las fuerzas de seguridad.
Desde el Frente de Géneros de Unidos y Organizados de Lomas de Zamora sostenemos que es urgente y necesaria una reforma judicial que actúe con verdadera perspectiva de género, que se comprometa a actuar como se debe en las miles de situaciones de violencia contra las mujeres y diversidades que se denuncian a diario, para no llegar tarde y revictimizar a las que se atreven a denunciar.
En lo que va del 2021, hubo más femicidios que días. Según el Observatorio Lucía Pérez, en los primeros 41 días se registraron 44 femicidios y 36 intentos de homicidio por razones de género: esto significa un femicidio cada 22 horas. En el 31,8 por ciento de los casos, el agresor era la pareja actual de la víctima, y en el 27,2, expareja. De estas mujeres, 12 eran madres, y 29 niños y niñas quedaron huérfanos.
El último caso registrado fue el de Úrsula, una chica de 18 años de la localidad bonaerense de Rojas que había hecho 14 denuncias contra su exnovio, Matías Ezequiel Martínez, exoficial de la Policía Bonaerense. Los sistemas judicial y policial la ignoraron, la minimizaron, y el resultado fue el anunciado: la mató de 15 puñaladas.
El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad -tanto nacional como provincial- está a disposición de la víctima, y para eso tiene que promover y reforzar medidas preventivas, relevar la realidad de las comisarías y fiscalías, supervisar cómo éstas trabajan cada vez que las víctimas denuncian cualquier tipo de violencia, según lo estipula la ley 26.485. Sin embargo, este trabajo es poco cuando las derivaciones se vuelven truncas y rebotan una vez que llegan a las comisarías y las fiscalías que no atienden con perspectiva de género.
Por eso, en este sentido, hay un nuevo desafío también desde el Estado Nacional: transversalizar estas políticas de género a las carteras de Seguridad y de Justicia, precisamente porque la problemática es transversal.
Asimismo, es importante seguir trabajando en la capacitación de todos los agentes del Estado tal como lo dispone la Ley Micaela, implementar medidas concretas para concientizar sobre el cambio cultural y social que hace falta, lo cual permitiría desnaturalizar conductas sumamente arraigadas que manifiestan el machismo y las violencias por razones de género.
Vivimos en una sociedad patriarcal en la que nos vemos obligadas a juntar pruebas y pruebas para que nos crean. Capturas de pantalla, audios, videos, testigos, antecedentes de los victimarios, declaraciones, revisaciones médicas, pericias psicológicas. Tenemos que golpear demasiadas veces las puertas de defensorías, fiscalías, comisarías de la mujer, organismos estatales; insistir una y otra vez para que las mujeres que no pueden pagarle a un abogado o abogada particular reciban un buen asesoramiento de los profesionales que provee el Estado. Somos víctimas de violencia institucional una, dos, tres, cuatro veces. Catorce veces.
Las mujeres nunca más queremos ser personas con altas probabilidades de formar parte de listas de observatorios de femicidios. Nunca más ser señaladas después por, de alguna manera, haberlo buscado y merecido. Nunca más ser titulares de horror en los medios de comunicación y redes sociales. Nunca más explicar una y mil veces por qué tenemos miedo de ser golpeadas, ahorcadas, quemadas, apuñaladas, baleadas, arrojadas como basura a un terreno baldío.
El caso de Úrsula fue el último caso de femicidio registrado hasta el momento en nuestro país, pero con todo el dolor del mundo sabemos que no será el último que lloraremos este año.
¡Justicia por Úrsula y por todas las mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres! El Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y el Estado son responsables.
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