Por Juan Cruz Cabral (*) ¿Por qué podría interesarle a una vecina o un vecino de Lomas de Zamora lo que sucede con la “Vía Navegable Troncal” del Río Paraná? De hecho, seguramente sean más quienes ignoran este tema que quienes lo conocen. Lógicamente, porque apenas se lo menciona en los medios de consumo masivo, lo que, paradójicamente, es un indicio de la relevancia del tema.
Pero vamos por partes. Decía alguien que parte del secreto del desarrollo está en hacer que la manguera que chorrea hacia afuera comience a hacerlo hacia adentro para que riegue nuestro propio suelo. Una verdad simple que trasciende a los consejos para jardineros. A lo que se refería Juan Domingo Perón, con ese decir campechano, era a que para aprovechar los recursos nacionales lo primero que hay que hacer es evitar que drenen hacia el exterior aquellos que podríamos gozar en nuestro territorio.
En el caso del comercio exterior eso se hace concreto y palpable. Y ahí vamos entrando en el asunto.
Durante la década del 90 se consolidó en nuestro país un proyecto que se había comenzado a imponer a sangre y fuego en 1976: el designio (neo) liberal de reducir el Estado a su mínima expresión. La dictadura decía que era para “agrandar la Nación”. Un gobierno surgido con los votos, el de Carlos Menem logró profundizar esa política años después. Su ministro privatizador lo explicó con un furcio: “Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, dijo.
Se privatizaron áreas estratégicas e, incluso, rentables: Algunas, muy conocidas, como Aerolíneas Argentinas, YPF, Segba, Somisa, los Ferrocarriles. Otras, no tanto: las juntas nacionales de Carnes y de Granos, la Administración General de Puertos y casi todos los puertos, la Empresa Líneas Marítimas del Estado (ELMA), los Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE). La lista es mucho más larga, por supuesto.[1]
Entre todas esas privatizaciones, se realizó la concesión de la administración, dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, es decir del tramo del Río Paraná que va desde la confluencia de este río con el Paraguay hasta el Río de la Plata. Adicionalmente, se le dio a la empresa que obtuvo la licitación, “Hidrovía S.A.”, el derecho a cobrar peaje a los barcos que por allí pasan. La concesión vencía este 30 de abril, pero ahora se ha prorrogado por 90 días.
Ante esta fecha límite, se desató en el país un profundo debate sobre cómo debe continuar la administración de este corredor fluvial, por el que circula el 80 por ciento de las exportaciones nacionales, sobre las que, desde 1995 se ha perdido la capacidad de control estatal. Amplios sectores del frente gobernante proponen que el Estado nacional retome la administración y, entonces, no sólo acceda al control de un sistema “estratégico y multimillonario” (al decir del diario La Nación) sino que, además, recaude las ganancias que con la actual situación se derivan al extranjero.
Esta privatización generó que grandes recursos se perdieran legalmente, en forma de ganancia empresaria, pero también ilegalmente, por vía de la evasión y la elusión impositivas, la subfacturación y la sobrefacturación. Eso sin contar las facilidades que la desregulación de todo el sistema (que incluye los puertos privados) generó para los distintos tráficos ilegales (drogas, personas, etc.). Una manguera correando hacia afuera.
De modo que esta cuestión que, por estratégica, tiene implicancias para nuestra soberanía, contiene también en potencia beneficios económicos que podrían ser captados por el conjunto nacional en cabeza del Estado, representación jurídica y política de la comunidad. Hay estimaciones que hablan de más de 10.000 millones de dólares que podrían recabarse y utilizarse para distintas necesidades y proyectos si se avanzara a fondo en la recuperación del control y administración de este sistema.
Podrían reasumirse todas estas tareas o algunas de ellas. Hay distintas opiniones al respecto. Lo que es seguro es que la actual situación es fruto de un desempoderamiento nacional, el realizado en la década de 1990. Y que revertirla redundaría en la más excelsa forma de la soberanía nacional. Aquella que aporta a la construcción de una mayor justicia social.
Los poderes económicos que resisten a la modificación de esta situación son gigantes. Sólo una conciencia generalizada sobre ella podrá generar las condiciones para que el Gobierno resuelva la cuestión con el mayor nivel de recuperación de soberanía posible. Si no, los apropiadores (legales) de la riqueza nacional continuarán su tarea.
Recuperar esos recursos tendrá impacto para el conjunto del pueblo argentino, desde Jujuy a la Antártida, desde el Mar Argentino hasta la Cordillera de los Andes. Para Lomas de Zamora también. Y esta riqueza nacional volverá a regar el suelo que alberga a nuestra comunidad.
(*) Secretario Político del Peronismo Militante. Responsable del PM Lomas de Zamora
58
