Opinión: El ajuste también llega a los titulares de pensiones por invalidez

Por Lic. Leonardo Martone (*). La resolución Nro 39  del  2019 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) a cargo de la vice presidenta Gabriela Michetti pretende instalar un nuevo circuito burocrático que implica entre otras cosas que las y los titulares de pensiones por invalidez gestionen en dependencias estatales un nuevo certificado oficial (CMO).

Esta resolución fue acompañada por 40 mil cartas documento emitidas por la  Agencia Nacional de Discapacidad en los primeros meses del año  y entregadas a las y los ciudadanos que se encuentran  impedidos de trabajar intimándolos a presentar el certificado en un término de 60 días.

Desde el Colegio de Trabajadores Sociales, conversamos con  colegas que asisten a esta población y con profesionales de otras disciplinas para profundizar en el tema.

Nuestros colegas nos informan que las y los ciudadanxs se acercan a los dispositivos sociales a solicitar asesoramiento, pero como no existen notificaciones oficiales y mucho menos capacitaciones en torno a esta situación los y las pensionadas “se angustian” ante la incertidumbre de no saber si seguirán percibiendo o no el derecho. En esta línea comentan que hay mucha desinformación y que desde la llegada de Cambiemos a la administración del gobierno nacional, se cerraron muchos Centros de Atención Local (CAL) que funcionaban como dispositivos que asistían a esta población, se otorgaron muy pocas  pensiones nuevas, se redujo la planta estatal y se incremento la precarización laboral.

Por otra parte, los profesionales de la salud (psiquiatras, psicólogxs, medicxs, entre otros) indican que los hospitales no cuentan con los insumos básicos para atender a los pacientes  y mucho menos con acceso a internet, condición necesaria para la tramitación del CMO.   También, afirman que no han tenido capacitaciones para acceder al registro de profesionales que puede emitir el certificado que, además, debe hacerse a través de la clave fiscal en  la AFIP. A esto se suma el desconocimiento del criterio profesional utilizado para la expedición del certificado único ya que en muchos casos las pensiones otorgadas se certificaban con la opinión de profesionales de  distintas disciplinas académicas (trabajadorxs sociales, psicólogxs, psiquiatras, traumatólogxs etc.) que acompañaban la solicitud con informes específicos.

Esta situación, impacta en los titulares de las pensiones no contributivas, muchos de ellos niñxs y ancianxs.  Personas que en ocasiones no están acompañadas o padecen problemas motrices que impiden su traslado con facilidad. Este tipo de pensiones no contributivas, hoy cercana a  un haber de  7 mil pesos, es de vital importancia para asumir costos referido a tratamientos de niños autistas, con TGD o el pago del alquiler de una pieza para una persona con VIH, por ejemplo.

Cabe recordar que el gobierno de Cambiemos  durante los años 2016 y 2017 dio de baja y “sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni legal unas 170.000 pensiones, y debió dar marcha atrás –parcialmente- por las protestas de los afectados y de organismos específicos, pero sobre todo por una cautelar de la justicia que les ordenó rehabilitar las bajas de 2017 por no haberse respetado el derecho de las personas ni las normas que las amparan. Según datos oficiales brindados por el propio Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, en sus informes y visitas al Congreso de la Nación, del total de bajas 2017 sobre pensiones por discapacidad que ascendían a 93.179 sólo se rehabilitaron ante la orden judicial 43.150, es decir apenas la mitad.” (Eugenio Reatti, exdirector de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales)

Para finalizar, queremos informar que como institución  hemos participado de la reunión convocada por la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados  de la Nación y, en esa oportunidad los y las  diputadxs presentes, en su mayoría pertenecientes al bloque de Unidad Ciudadana, se comprometieron a solicitar la incorporación del tema en una  sesión especial.  A fin de expresarle a la Agencia Nacional de Pensiones la suspensión de la tramitación virtual del CMO hasta que estén dadas las condiciones para que ninguna persona titular de una pensión contributiva quede sin el beneficio debido a una iniciativa burocrática. Es dable destacar que para tratar el tema en el recinto es necesario que los diputados de Cambiemos otorguen el quórum y fijen una agenda que permita resolver el presente problema que castiga a los sectores  más vulnerables de la sociedad.

 

(*) Presidente del Colegio de Trabajadorxs Sociales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.