Opinión: Aborto legal, seguro y gratuito: Una cuestión de salud pública, de derechos humanos y de justicia social

Por Claudia E. González M. (*)

El aborto como un problema de salud publica:

La OMS define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto no es viable fuera del vientre materno. La viabilidad en aquel entonces rondaba en las 22 semanas. La OMS define el aborto inseguro, como una intervención destinada a la interrupción del embarazo practicada ya sea por personas que carecen de formación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas condiciones a la vez. La OMS define en el año como mortalidad materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del mismo, debido a cualquier causa relacionada con, o agravada por el embarazo mismo o su atención, excepto por causas accidentales o incidentales. La OMS reconoce que es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de anticonceptivos, y la práctica de abortos legales y seguros y la atención de las complicaciones. Según Informe de la DEIS del Ministerio de Salud del 2018 la mortalidad materna en la Argentina por embarazos terminados en aborto es del 13%.

El aborto como un problema de derechos humanos

Los Estados deben respetar, proteger y hacer efectivos los derechos. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU se manifestó por primera vez en forma contundente en favor de la interrupción voluntaria del embarazo a finales de 2018. Sin embargo nuestra Constitución Nacional en el año 1994 ya había otorgado jerarquía constitucional a declaraciones, pactos y tratados internacionales enumerados en el art.75 inciso 22. Entre los cuáles esta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) que reconoce el derecho a la salud, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) que el derecho a la salud reproductiva, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979).  Cuando el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto está restringida, queda amenazada una amplia gama de derechos humanos: la vida; la salud y la atención médica; la no discriminación y la igualdad; la seguridad personal; la libertad; la privacidad; la información; a no ser sometida al trato cruel, inhumano y degradante; a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos; a gozar los beneficios de progreso científico; a la libertad religiosa y de conciencia; al sistema de protección internacional de Derechos Humanos.

El aborto como una cuestión de Justicia Social.

Los Estados deben promover la igualdad de oportunidades en post de favorecer el acceso a los derechos y lograr la justicia social. Y esto no es posible si las mujeres que deciden no ser madres son criminalizadas. Pero a las desigualdades de género se suman, para las mujeres pobres, las desigualdades económicas y sociales que favorecen los abortos inseguros.

Según CEPA el precio del misoprostol en octubre del presente año vale entre $ 6.082 y $ 9.620, lo cual representa entre el 32% y el 50% del salario mínimo vital y móvil. El aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto seguro, legal y gratuito. En Argentina se hacen 450.000 abortos clandestinos por año. Entre 2010 y 2017, en promedio egresaron de Hospitales Públicos 45.600 personas gestantes por año, por abortos incompletos. Al Estado le cuesta $2.586 millones al año en tratamientos hospitalarios por complicaciones derivadas de los abortos clandestino. Si el Estado tuviera una política pública de aborto legal, seguro y gratuito se ahorraría el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos.

 

Nuestro presidente Alberto Fernández ha estado a la altura de las circunstancias, esperamos que nuestrxs legisladores también lo estén.

La maternidad será deseada o no será!

Qué sea Ley!

(*)Secretaria del Centro de Formación profesional 406 Néstor Kirchner de Lomas de Zamora y Militante Feminista de Unidos y Organizados