Una fiscal de Lomas advierte sobre el rápido crecimiento de delitos informáticos

Recalde MarielaLa fiscal de Lomas de Zamora, especializada en Trata y Delitos Informáticos y Sexuales, María Delia Recalde, el crecimiento “extremadamente rápido” de los delitos vinculados con el uso de las nuevas tecnologías, particularmente del grooming y las estafas on line. Recalde participó del “Taller Regional para Fiscales del Cono Sur en Materia de Delito Cibernético”, organizado por la OEA, la Red de Ministros de Justicia de las América, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Ministerio Público del Paraguay. El encuentro se desarrolló en este último país.

La fiscal de Lomas de Zamora participó junto a sus pares de Quilmes (Daniel Ichazo), La Matanza (Analía Córdoba), Morón (Claudio Oviedo), Jujuy (Federico Zurueta), Salta (Ricardo Toranzos) y Ciudad de Buenos Aires (María Paula Azaro y Martín Garro).   

La fiscal calificó como intensivo y fructífero el encuentro en Paraguay que se desarrolló días atrás. Concluido el taller, Recalde dialogó con Diarioconurbano.com sobre el estado de los delitos cibernéticos y sexuales en el sur del Conurbano.

  • ¿Cómo analiza la situación del cibercrimen hoy en el Departamento Judicial de Lomas?

Cada año las conductas delicitivas vinculadas al uso de las nuevas tecnologías crecen extremadamente rápido. Los delitos mayormente denunciados son los vinculados al “robo de identidad y el delito sexual contra menores”, “las amenazas, las estafas online, la usurpación de identidad”.
Ha aumentado en los últimos años considerablemente las denuncias por grooming, corrupción de menores en grado de tentativa, pornografía infantil y la publicación ilegitima de imágenes íntimas.

Según una encuesta realizada por Argentina Cibersegura, en junio del año pasado, 1 de cada 10 colegios tuvo un alumno víctima de acoso sexual por grooming. El riesgo más grande que supone el desconocimiento de estos delitos es la no-denuncia. La gente no denuncia un delito que no sabe que existe.

En la provincia de Buenos Aires hay un porcentaje muy elevado de desconocimiento. Hay muchos más casos de lo que se denuncia.

– ¿Cuáles son las fuerzas que investigan estos casos?. ¿Estan capacitadas y tienen elementos para hacerlo?

Las fuerzas policiales especializadas en la temática son el Cuerpo de Investigación Judicial del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la División de Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y la Adolescencia de la Policía Federal Argentina, la División Casos Especiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas a las que se les pide colaboración en la investigación, tareas de campo, diligencias de allanamientos, secuestro recolección resguardo de la evidencia digital y la pericia de los incautado. Atento al gran número de investigaciones en trámites en la mayoría de las otras causas se requiere la colaboración de personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Lomas de Zamora, en la que si bien no existe a la fecha una división especializada en la materia, la misma cuenta con personal capacitado, aunque la contrapartida al no ser una División específica es la falta de recursos, medios tecnológicos y gabinete forense para la práctica de las pericias y análisis de las evidencias digitales y soportes informáticos.

 

– ¿Qué elementos le faltan al Ministerio Público para investigar estos casos?

Creo que se debe avanzar en la creación y conformación de gabinetes forenses en los distintos departamentos judiciales, con expertos informáticos con quienes poder efectuar tareas investigativas a través de la web (en todo tipo de causas, como ser extorsiones, homicidios, pornografía infantil, fraudes, abusos sexuales, delitos conexos a la trata de personas, etc) pericias, análisis de la información, dotando a los gabinetes de los equipamientos tecnológicos pertinentes, como ser equipo para el análisis de los teléfonos celulares, programas, softwares, etc.

– ¿Qué perfil de víctimas y victimarios aparecen en estos delitos?.

Refiriéndose particularmente en lo concernientes a los delitos de distribución, comercialización de pornografía Infantil por internet o chats como whatsApp y Grooming, las víctimas resulta ser menores de edad siendo indistinto el nivel socio económico, bastanando que tengan acceso a computadores y/o teléfonos celulares y se conecten a través de ellos a redes sociales o grupos de mensajería instantánea.

En tanto los imputados resultan ser hombres, mayores de edad, con conocimiento en informáticas y capacidad para acceder a redes mensajerías, facilidad para adquirir equipamiento para soporte, almacenamiento y distribución de imágenes, videos.

– ¿Entiende que hacen falta cambios en el Código Penal o de Procedimiento para enfrentar estos delitos?

En el Código Penal Argentino hay numerosos tipos penales que pueden configurarse de forma directa a través de dispositivos informáticos. Los delitos más frecuentes en nuestro país son: Amenazas simples; amenazas coactivas; discriminación; xenofobia; fraude informático; extorsión; calumnias e injurias; grooming o corrupción de menores en grado de tentativa; violación de correspondencia digital; pornografía infantil; instigación al suicidio; daño informático; acceso indebido a medios informáticos; delitos contra el orden democrático; y violación a la propiedad intelectual.

Pero también existen conductas dolosas aun no tipificadas en nuestro ordenamiento penal, como ser: publicación ilegitima de imágenes intimas; acopio de pornografía infantil; usurpación de identidad digital; acoso informático; porno venganza, robo de identidad digital, derecho al honor y ataques masivos de denegación de servicioExisten proyectos relacionados con estos temas que deben ser tratados y convertidos en ley por el Congreso Nacional.

En el taller para fiscales en Paraguay – contó Recalde – se trató el funcionamiento de Internet, la web, las direcciones de IP, nombres de dominio, y análisis de información de fuentes abiertas de datos, a la vez que se informó sobre el funcionamiento de la RED 24×7, en la que comparten información sobre “delitos de alta tecnología” varios de los países integrantes de la OEA.