El fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, pidió la detención de Pablo Moyano, vicepresidente del Club Atlético Independiente y secretario adjunto de Camioneros, al considerarlo sospechoso de integrar una asociación ilícita junto a la primera línea de la barra del club de Avellaneda, que se dedicaba a defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos.
Este martes o miércoles próximos el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, deberá decidir si hace lugar a la detención del gremialista y dirigente de fútbol.
A partir de los testimonios de varios detenidos, entre ellos Pablo «Bebote» Alvarez, jefe de la barra, detenido desde noviembre de 2017 y de escuchas telefónicas sobre los implicados, Scalera avanzó en la acusación sobre Moyano respecto de su participación en la organización.
Para el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación después de que fue corrida del cargo Viviana Giorgi, «Bebote» Alvarez, Pablo Moyano y parte de la barra se dedicaron entre 2014 y 2017 a defraudar al club de Avellaneda mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y «protocolos» de acceso a los partidos del equipo, «por fuera del ámbito societario» y «sin ingresar al patrimonio del Club los ingresos correspondientes» a esas entradas.
Según declaró en su indagatoria «Bebote» Alvarez la organización levantaba en un pendrive datos de socios falsos y entradas de protocolo en una oficina del edificio Franco Argentino, en el segundo piso de la calle Hipólito Yrigoyen 460, en Capital, y que las retiraba Damián Lagaronne, otro de los detenidos, ya que Alvarez estaba peleado con Pablo Moyano.
De acuerdo con el relato, de ahí iban a la sede del club, ubicada en la avenida Mitre 470, de Avellaneda Centro, donde con ese pendrive imprimían bonos, protocolos y constancias de pago de cuotas sociales, que luego ensobraban. «Damián pasaba a buscar los protocolos de las plateas que les daba Moyano, que eran 100, los bonos para entrar a la Tribuna norte Baja, por una cantidad de 1.200 y los bonos que no estaban tributados», fue la versión de Alvarez y agregó que les entregaban ya los bonos ensobrados por barrios y que Lagaronne los repartía.
También se los acusa de extorsionar, amenazar, coaccionar e intimidar mediante el uso de violencia física y verbal con armas de fuego a las autoridades de organizaciones privadas y estatales de seguridad en eventos deportivos, cuerpo técnico, dirigentes y jugadores «con el objeto de mantenerse al mando de la facción de la hinchada y con ello obtener beneficios económicos» a través de la recaudación de dinero para viajes y entradas para la reventa.
