En un nuevo capítulo de la pelea por el control del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús (CAAL), el fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, decidió separar al fiscal de Avellaneda Mario Prieto, quien dispuso el allanamiento de la entidad, la semana pasada, luego de la denuncia de un letrado que pidió, junto a otros 80, la matriculación allí.
Ferrari afirmó que el fiscal tuvo una “llamativa presteza” para intervenir en la denuncia y allanar un edificio que – consideró – está fuera de la jurisdicción de Prieto por encontrarse en Lanús, donde recientemente se crearon fiscalías descentralizadas.
El fiscal Prieto ordenó el allanamiento de la sede del CAAL y el juez de Garantías de Avellaneda Silvio Carzoglio avaló esa medida, en la que se secuestraron los pedidos de colegiación de un grupo de 80 abogados que venían del Colegio de Lomas de Zamora.
Estos letrados, encabezados por Gabriel Di Pascale, anticiparon que tienen la intención de competir por la conducción del CAAL, en mayo próximo, enfrentando a su actual presidenta, Adriana Coliqueo.
En su resolución, el fiscal General Ferrari dispuso apartar de la investigación a Prieto, a la vez que elevó actuaciones para que su labor sea investigada por la Procuración bonaerense.
En tanto, decidió elevar las actuaciones también ante la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora para que investigue el accionar del juez Carzoglio, habida cuenta de que avaló el pedido de Prieto.
Finalmente, el fiscal General dispuso que la causa sea remitida a la mesa de entrada de los tribunales descentralizados de Lanús para el sorteo de un fiscal y un juez de Garantías nuevos, y que se investigue judicialmente el accionar de Prieto y Carzoglio.
La decisión de Ferrari, quien en su escrito aclaró que había sido puesto en conocimiento del allanamiento y otros pormenores por “una informal comunicación con autoridades del CAAL, se presenta como una respuesta dura al planteo del grupo de abogados ligados al Colegio de Abogados de Lomas por ingresar rápidamente y dar pelea a la conducción que reúne a los letrados de Lanús y Avellaneda.
La continuidad de la disputa parece – a pesar del esfuerzo de algunos de sus protagonistas – ratificar lo que es un secreto a voces: detrás de la pelea entre un grupo de abogados y el CAAL hay una pelea política que lleva por lo menos cuatro años de existencia en las sombras y que por estos días sale a la luz.
En lo formal, se espera que una comisión creada por el CAAL analice formalidades y avale o no el pedido de colegiación de los 80 abogados que prometen dar batalla puertas adentro de ese colegio. Ahora, nadie puede adivinar cuál será el próximo capítulo de esta historia.
