Tras 20 años, vuelven a indagar a ex policías acusados por la Masacre de Wilde

Lo dispuso el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera. Se trata de 8 ex policías bonaerenses acusados de matar a cuatro personas e herir gravemente a otro, en una brutal e injustificada persecución ocurrida en Wilde, en enero de 1994. Se estima que tras la indagatoria, la causa será elevada a juicio oral y público.

Por Alejandro Córdoba

Tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones de Lomas a los planteos realizados por la defensa, ocho ex policías volverán a ser indagados a principios del mes próximo, tras 20 años, acusados de cuádruple homicidio por el caso de gatillo fácil conocido como la “Masacre de Wilde”, ocurrido en enero de 1994. “Luego de las declaraciones es muy probable que la causa sea elevada a juicio oral”, anticiparon fuentes judiciales.

En la Masacre de Wilde, un grupo de diez policías de la entonces Brigada de Investigaciones de Lanús mató a cuatro personas. Los acusados – sin bien fueron sobreseidos hasta que la Suprema Corte bonaerense reactivó la causa – nunca pudieron dar una explicación clara de lo ocurrido. De hecho, poco después del hecho se les dictó prisión preventiva y estuvieron detenidos durante varios meses.

El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera indagará el martes 5 de agosto por la mañana los ex policías Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto, y Hugo Reyes. Los acusados estarán asistidos por el abogado particular, Luis Galtieri.

Galtieri había logrado, en mayo último, la suspensión de las declaraciones de sus asistidos a través de un planteo ante la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, que finalmente lo rechazó y ordenó continuar con las medidas.

En su citación, el fiscal Scalera que existen “vehementes y elementos suficientes” para acusar a los ex policías  de cuádruple homicidio calificado en concurso real con tentativa de homicidio gravado. En el hecho murieron por las balas policías Edgardo Cicutín, Norberto Corbo, Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza. En tanto, Claudio Díaz salvó su vida milagrosamente.

En el hecho, en los dos autos en el que iban las víctimas se contabilizaron cerca de 300 impactos de bala disparados por los policías que los persiguieron durante varias cuadras, en Wilde, la tarde del 10 de enero de 1994.

Otro de los datos que trascendieron es que tras la indagatoria, el fiscal pediría a la juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale la elevación del caso a juicio oral, un hecho histórico ya que pasaron 20 años y serían ocho los policías que deberían sentarse en el banquillo de los acusados.

“Es muy probable que el fiscal, además, solicite la reconstrucción del digital de los hechos”, adelantaron a Diario Conurbano.com las altas fuentes judiciales consultadas.

“Creo que es un logro importantísimo, después de veinte años y medio de impunidad. Salvo alguna nueva chicana que intenten -que será de muy difícil efectividad-, el juicio oral es ya inevitable como próxima instancia judicial”, expresó Ciro Annichiarico, abogado de la viuda del librero Edgardo Cicutín, al conocer el llamado a indagatoria del fiscal lomense.

Un dato de color es que Luis Galtieri, abogado de los ex policías, supo defender a los tres policías condenados por la Masacre de Budge, en los dos juicios orales que se desarrollaron en 1991 y 1994. También, representó a algunos uniformados en el juicio oral por el atentado a la sede de la AMIA.

Los imputados por la Masacre de Wilde llegaron a estar detenidos con prisión preventiva en 1994, pero luego fueron sobreseídos en reiteradas oportunidades hasta que el año pasado, poco antes de que se cerrara definitivamente el expediente, la Suprema Corte bonaerense ordenó continuar la investigación centrándose en los policías como los autores de los cuatro homicidios.

La citación a indagatoria de los ocho policías – dos de los originales imputados murieron y otro aún está prófugo – y la probable elevación a juicio oral del caso constituye un caso inédito por el tiempo transcurrido, la trascendencia pública del caso y la cantidad de funcionarios policiales acusados.