Se cierra el año con los históricos “reyes de La Salada” tras las rejas

LaSalada PoliLas detenciones de dos “reyes de La Salada” y otros 50 acusados de integrar asociaciones ilícitas que extorsionaban a vendedores de esa feria que manejaba un monto equivalente al 10 por ciento del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, expusieron complicidades políticas y policiales que sostenían un “Estado paralelo”. Como condimento extra, las causas generaron controversias puertas adentro de los Tribunales de Lomas de Zamora.

 

Si bien por delitos en La Salada existían numerosas causas, este año que termina tuvo dos fuertes noticias: las detenciones, con pocas semanas de diferencia, de los hombres fuertes de ese lugar de Ingeniero Budge, los administradores de las ferias de Punta Mogote y Urkupiña, Jorge Castillo y Enrique “Quique” Antequera.

Fueron acusados de liderar organizaciones que explotaban de manera ilegal los puestos, les cobraban un canon a los feriantes para poder permanecer en el lugar y otros por seguridad, limpieza, estacionamiento; y agredían a golpes a quienes no cumplían con los pagos.

Los identificados como fuerza de choque de las asociaciones también fueron imputados por atacar a las “mecheras”, mujeres que robaban mercadería a los feriantes y, al ser descubiertas, eran encerradas, obligadas a desnudarse y golpeadas.

Estas investigaciones fueron encabezadas por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, quien en 2015 determinó, tras un desalojo, que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados.

Luego de dos años y por orden del juez de Garantías Gustavo Gaig, durante la madrugada del 21 de junio fue aprehendido Castillo en su casa del barrio privado Haras Argentino de la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján, donde recibió a los tiros al Grupo Halcón.

En los 55 allanamientos realizados por la Policía bonaerense y la Gendarmería (GNA), además de Castillo también fueron detenidos su hermano, su cuñada y dos de sus sobrinos, uno de ellos llamado Adrián Castillo, a quien se sindica como jefe de “La Banda de River”, y cuatro policías provinciales.

Además, al día siguiente y tras una orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el predio Punta Mogotes se secuestraron once millones de pesos y más de seis mil dólares distribuidos en diez cajas fuertes, en el marco de una investigación por “evasión impositiva” y “lavado de dinero”.

La causa que se le sigue a Castillo tiene 33 apresados, mientras que Leonardo Gaitán, sindicado líder de la banda de “Los Cucos”, seguía prófugo.

El 11 de agosto por la noche fue aprehendido dentro del predio Enrique Antequera, titular de la feria Urkupiña, en el primero de 30 allanamientos que finalizaron con otros 17 detenidos. Aquí la actuación de Scalera se vio complementada por las del juez de Garantías 8 de Lomas, Gabriel Vitale.

Justamente Vitale había sido el impulsor una causa que apuntaba a barras que controlaban violentamente puestos en La Salada. El accionar del magistrado, en 2015, había generado cierto resquemor en ámbitos políticos y judiciales.

Junto al otro “rey de La Salada” fueron aprehendidos tres barrabravas Boca Juniors y dos policías, entre ellos Diego Barreda, quien había sido detenido por encubrimiento en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA en 1994.

Los últimos imputados en ambas causas fueron detenidos en los meses siguientes y la mayoría se encuentra alojada en la Alcaidía 3 de La Plata.

La detención de Antequera – que supo militar en diferentes espacios políticos – fue reclamada casi públicamente por la diputada nacional Elisa Carrio, de Cambiemos, quien entendía que le correspondían imputaciones similares a las de Castillo.

Desde el Gobierno bonaerense y nacional respaldaron el accionar de la justicia de Lomas de Zamora y mostraron las detenciones de los dos capos de La Salada como un cambio de actitud hacia La Salada.

Si bien desde el oficialismo nacional intentaron vincular los delitos del lugar y a algunos de los detenidos con el intendente de Lomas, Martín Insaurralde, la cuestión no fue más allá de un breve ruido mediático.

Fuentes judiciales confían en que de no ocurrir nada extraño, tanto Castillo como Antequera puedan ser llevados a juicio oral y público en la segunda parte de 2018.