Condenaron a 18 años de prisión a Alberto Ángel Pérez, alias “loco Cacho”, por el doble homicidio de Silvia (57) y Yamila (22) Rosso ocurrido en Avellaneda en diciembre de 2014. Mientras el fiscal a cargo, Pablo Pando, había solicitado 30 años, el defensor del imputado, Carlos Catalano, había pedido la absolución del delito de “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.
Mauricio Casas, hermano e hijo de las víctimas, aseguró en diálogo con DiarioConurbano.com: “El Tribunal adjudicó a Pérez el doble homicidio, lo reconoció como culpable pero le dio 18 años. Tenía una imagen errónea de la Justicia”. Juan Manuel Combi, abogado del particular damnificado, había exigido prisión perpetua debido a que consideró el agravante por la figura de femicidio.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 conformado por Darío Bellucci, Juan Manuel Rial y Victoria Ballve, desestimó la figura de femicidio porque consideró que el imputado “era violento con todos” y no había un ensañamiento con el género. La familia de las víctimas -que eran madre e hija-, tiene la intención de apelar porque considera insuficiente la pena teniendo en cuenta que fue un doble homicidio.
Desde la Fiscalía no se solicitó la prisión perpetua debido a que se podría exponer a una nulidad la condena porque Brasil le concedió la extradición del imputado a Argentina con la condición de que no se lo condenara con una pena mayor de 30 años. Cinco horas más tarde del asesinato, Pérez se fugó a Uruguay y luego vivió un año en Brasil hasta que fue encontrado por otra denuncia de violencia machista.
“Es raro lo del Tribunal. Le hicieron caso a todos los argumentos del fiscal pero no le dieron la condena que merecía”, indicó Casas. Además advirtió que el TOC 9 en otra causa había condenado a un hombre a 16 años por haber robado. “Si condenan a 16 años por robar, no es entendible que por haber matado a dos mujeres den 18 años”, manifestó el hermano e hijo de las víctimas.
“Espero que se pueda revertir esta condena y se aumente su pena. Cuando mi sobrino tenga 14 años, él podría estar en la calle. Es una vergüenza”, apuntó Casas. El hijo de Yamila, que en ese entonces tenía dos años, presenció el asesinato de ambas mujeres.
Según lo demostrado, madre e hija vivían en un PH que tenía dos casas, en Avellaneda, y en una de ellas residía Pérez. El imputado discutía con las víctimas porque no quería que usarán el pasillo en común entre ambas residencias. En esta línea, Casas aseguró que Pérez tenía un “problema particular con ellas”.
En las audiencias que se desarrollaron a lo largo del juicio se presentaron testigos que afirmaron que luego de ver cuando Pérez entra a la residencia de las víctimas, se escucharon disparos. Algunas de los testimonios fueron de vecinos que indicaron ante el Tribunal que el imputado tenía “actitudes violentas” con Yamila y Silvia Rosso. Por el mismo lado, Casas en su testimonio declaró que en una ocasión Pérez le tiró una taza de café caliente a Yamila y cuando su madre intentó defenderla, el imputado “le pegó una piña”.
Esa noche, las víctimas se habían sentado en la vereda con reposeras por el calor que tenían y Pérez llegó en su moto para luego dispararles a ambas mujeres dejando al niño de dos años. Tras el hecho, Pérez huyó del país.
Con respecto a los testigos y las pruebas del juicio, Casas indicó: “Tratamos de conseguir testigos que no tuvieran miedo. Hubo muchas personas que no se animaban a declarar porque tenían miedo. Fue muy difícil. Es el Estado el que tiene que conseguir a los testigos, buscar las pruebas y no hicieron nada. Son ineptos, vagos o corruptos”.
