Piden el juicio oral para los acusados de secuestrar a un fiscal de Lomas

Scalera SebastianUn fiscal federal pidió que sean sometidos a juicio oral cinco hombres acusados de integrar una banda que el año pasado secuestró al fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, y a su pareja, quienes fueron liberados luego de que su familia pagó 20 mil dólares de rescate, informaron fuentes judiciales.

 

El requerimiento de elevación a juicio incluyó a los hermanos Maximiliano Roberto (35) y Marcelo Alejandro Romero (41) -apodado “Tinelli”-, Mariano “Benja” Moreno (26) y Juan “Lean” Alberto Espíndola (29); imputados de “asociación ilícita y secuestro extorsvio”; y a Cristian Leonardo Toledo (42), acusado de “tenencia ilegal de arma civil”.

Según las fuentes, para el fiscal federal de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, quedó acreditado que el 4 de mayo de 2016, entre las 23 y las 23.30, su colega Scalera fue interceptado junto a su novia cuando circulaba a bordo de un Audi A1 gris plata por un Fiat Siena rojo en la calle Isla Soledad casi al 200 de ese partido del sur del Gran Buenos Aires.

Los delincuentes obligaron a Scalera a trasladarse al auto en el que iban ellos, mientras que su pareja quedó a bordo del vehículo que pertenecía al fiscal.

Las fuentes indicaron que los secuestradores escuchaban la frecuencia policial y se comunicaban entre sí mediante radios tipo Nextel y que comenzaron a golpear a Scalera en la cabeza para que entregara el dinero que llevaba entre sus pertenencias.

Además, los captores lo obligaron a comunicarse con su madre, a la que le exigieron 20.000 dólares, los cuales pagó en dos fajos de 10.000 cada uno frente a la entrada de su casa, en la localidad de Temperley, tras pedir ver a su hijo con vida.

En ese momento, un personal de vigilancia se acercó a la puerta de la casa al observar los movimientos extraños, pero dos de los secuestradores lo redujeron y lo golpearon.

Tras concretarse el pago del rescate, los delincuentes huyeron rápidamente en ambos vehículos y primero liberaron ilesa a la mujer y luego a Scalera, cuyo auto fue abandonado en las calles Esmeralda y Solís de Temperley Este.

“A lo largo de la instrucción ha quedado demostrado que los antes nombrados (por los imputados) tomaron parte de una asociación ilícita cuyo objeto principal fue, cuanto menos, el de cometer delitos de secuestros extorsivos agravados, robos agravados, la adquisición de autopartes de origen espurio y desguace de vehículos”, estableció el fiscal Gómez Barbella.

Durante la pesquisa llevada adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Lomas de Zamora se determinó que los sospechosos vivían en el barrio “Campo Tonqui” de Ingeniero Budge.

Los investigadores interceptaron las llamadas de los teléfonos utilizados por los sospechosos y corroboraron que “Maxi” Romero era el jefe de la banda.

En una de las comunicaciones realizadas por “Maxi” tres días después del hecho, éste hizo referencia a la noche en la que se cometió el secuestro de Scalera y su esposa.

“Terminamos en la c…. de la lora pero valió la pena (…) ayer andábamos con el rojito de vuelta, el rojito pagador ese, veinte pesos pago, de verde”, dijo el sospechoso a sus interlocutores, lo cual supuso que hablaba del Fiat Siena rojo utilizado para interceptar al fiscal adjunto y de los 20.000 dólares que cobraron como rescate.

Según el fiscal federal Gómez Barbella, en la etapa de instrucción surgieron “indicios suficientes de la participación del secuestro extorsivo de ‘Benja’, ‘Lean’ y ‘Maxi’, quien sería el organizador del grupo ostentando la voz de mando en todos los sucesos delictivos en el marco de una estructura en la que hay pocos miembros estables y ocasionalmente se incorporan personas de acuerdo al hecho puntual a cometer”.

En tanto, la participación de “Tinelli” en la banda era la de cometer ilícitos contra la propiedad, como uno de sus ocasionales miembros.

Durante uno de los allanamientos concretados por la DDI en los que detuvieron a los presuntos secuestradores, el personal secuestró una pistola “Colt” 11.25 en poder de Toledo.

Por último, en el pedido del fiscal federal se requirió que sean investigados los patrimonios de los sospechosos por “la posible comisión de lavados de activos provenientes de las actividades delictivas en las que hubieron tomado parte los imputados”.