El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires tildó “mendaces, irresponsables e inaceptables” las acusaciones de Gobierno bonaerense a jueces y fiscales por enviar a detenidos a “comisarías clausuradas por ellos mismos”. La polémica se generó a raíz de las muertes de 6 detenidos en un incendio, de origen poco claro, en la Comisaría de Transradio, en el partido de Esteban Echeverría.
“Quien dispone los lugares de detención es el Poder Ejecutivo de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad”, aclararon desde la entidad que nuclea a jueces, fiscales y defensores oficiales de la Provincia.
Luego de las muertes en la Comisaría de Transradio, voceros del Ministerio de Seguridad provincial salieron a cuestionar duramente a jueces y fiscales de Lomas de Zamora por enviar a los detenidos a esa dependencia, sobre la cual pesaba una prohibición de alojar personas.
“La vocación de eludir la responsabilidad y las consecuencias de incumplir una orden judicial destinada precisamente a evitar situaciones trágicas como las vividas recientemente en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría es correlativa con la de responsabilizar a los magistrados por la existencia de un “garantismo” que crearía una “puerta giratoria” mediante la cual los delincuentes quedan en libertad”, sostuvo el Colegio de Magistrados.
“Es momento de esclarecer a la opinión pública y de hablar con claridad. El Poder Ejecutivo es el principal responsable de la seguridad ciudadana. Los lugares de detención, que pertenecen a su órbita funcional, no alcanzan y son inadecuados”, resaltaron desde la entidad.
“Cuando esas fuentes – por las del Ministerio de Seguridad – reclaman más personas detenidas ocultan que no tienen dónde alojarlos y que por eso deciden ignorar, de manera irresponsable y con las consecuencias a la vista, las órdenes de clausura de calabozos emitidas por los jueces”, cuestionaron los magistrados.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hizo un llamamiento a las autoridades responsables a “resolver sin dilaciones el problema del hacinamiento de los detenidos y a acatar las decisiones judiciales para prevenir situaciones similares”.
