La suspensión de las audiencias de juicios orales despertaron mucha preocupación en las familias de las víctimas y los trabajadores judiciales que no tienen certezas sobre cuándo se podrá retomar los juzgamientos de manera presencial.
Con el comienzo de la pandemia, muchas causas penales de los Tribunales de Lomas de Zamora que estaban en condiciones de llevar a cabo un debate oral, se vieron afectadas y suspendieron sin un horizonte definido.
A pesar de que la Corte habilitó la realización de juicios virtuales y que muchos Tribunales intentaron llevar adelante juzgamiento por delitos menores, tanto defensores como representantes del ministerio público fiscal vieron complicaciones.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal y abogados defensores locales consultados, comentaron las dificultades para implementar los juicios a traves de una plataforma. La conectividad sin duda es uno de los grandes problemas debido a que muchos penales no cuentan con la conexión necesaria para garantizar que quienes son juzgados tengan acceso a la reunión virtual.
También se argumentó que la ausencia de diálogo entre imputados y defensores atenta contra ciertas garantías del proceso penal, y la movilidad de los testigos es un gran impedimento para resguardar su testimonio. En este sentido, hubo algunos planteos de nulidad debido a que no pueden tener el contacto que tienen con sus defendidos en las audiencias y se vulnera la garantía de defensa.
El único juicio que pudo concluir fue el del femicidio de Anahí Benítez, una joven violada y asesinada en julio de 2017. El debate comenzó a principio del 2020 y a pesar de que fue suspendida por dos meses, en mayo se reanudó.
Algunos de los casos más resonantes son los de Laura Rivero, una mujer asesinada en abril de 2019 por su pareja con una cuchilla en Parque Barón. La causa estaba elevada a juicio y sólo restaba definir una fecha. También el caso de gatillo fácil de Nicolás Vazquez tenía fecha para abril, fue suspendido dos veces y la familia estima que se hará el debate durante el 2021.
A su vez, los familiares de las víctimas de la Masacre de Wilde que tuvieron que luchar por más de veinte años para juzgar a los acusados, tuvieron que retrasar otro año más el debate mientras exigen que se digitalicen los cuerpos de la investigación.
En la misma línea, el juicio por el crimen de Nahuel Navarro, un joven de 18 años asesinado en 2017 en Don Orione, tenía fecha pautada para marzo, se pasó para mayo y por ahora no se tiene en mente otra fecha. También estaba en condiciones de realizarse el juicio por un doble homicidio de dos adolescentes ocurrido en Fiorito. La Justicia de Garantías había hecho lugar a la elevación a juicio y sólo debía ser sorteado.
Con este panorama, los trabajadores judiciales le temen a la acumulación de juicios para el año próximo y el retraso de muchas otras investigaciones por la prioridad de algunas causas.
