La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley un proyecto que crea las Fiscalías Especializadas en Violencia Institucional.
La norma, elaborada por la senadora bonaerense por Nuevo Encuentro, Mónica Macha, prevé la creación de una herramienta que permitirá avanzar en la lucha contra la impunidad de la violencia ejercida por agentes estatales sobre grupos vulnerables en la Provincia de Buenos Aires.
"Tenemos que poner fin al hostigamiento, las detenciones ilegales, el maltrato, el gatillo fácil, y la tortura en sus múltiples formas”, sostuvo la legisladora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara alta bonaerense.
Remarcó que "elaboramos este proyecto porque estamos convencidos que la investigación y el juzgamiento deben ser el primer paso para la erradicación de la violencia institucional".
“Dimos un paso importante en la lucha contra la impunidad. Esta ley expresa nuestra responsabilidad como parte del Estado en avanzar con marcos regulatorios y herramientas concretas para la lucha contra la Violencia Institucional", explicó.
Macha consideró que "la ley de Fiscalías en Violencia Institucional es el resultado de un trabajo colectivo. No hubiera sido posible sin la participación de las instituciones y organizaciones de derechos humanos que aportaron su mirada y experiencia".
"Hemos trabajado intensamente con el CELS, con la Comisión Provincial por la Memoria, con abogados especialistas en violencia institucional, con fiscales, con familiares de víctimas, con funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial", precisó la autora del proyecto.
Expresó que "la violencia institucional es una práctica sistemática de nuestras fuerzas de seguridad. No podemos permitir que persistan estas prácticas violatorias de los derechos humanos".
La ley aprobada prevé la creación de las Unidades Fiscales de Investigación y Juicio especializadas en delitos vinculados a la violencia institucional, en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, y en todos los Departamentos Judiciales.
Estas fiscalías tendrán competencia exclusiva sobre las causas que investiguen una serie de delitos enunciados en la ley cometidos o presuntamente cometidos por agentes estatales. Asimismo se incluyen aquellos delitos que resultaren claramente vinculados a ellos (encubrimiento, omisión de denuncia, etc.).
Los agentes fiscales, una vez enterados de un posible hecho de violencia institucional, deben poner de inmediato en funcionamiento un dispositivo de asistencia a la victima a fin de asegurar su protección y prevención de las consecuencias de la denuncia.
El agente fiscal que intervenga en estas actuaciones debe ordenar de manera inmediata la realización de un amplio informe médico respecto de la víctima, el que deberá ser elaborado por los Cuerpos Periciales de la Suprema Corte de Justicia, a fin de asegurar la prueba de estos hechos.
A fin de poder llevar un doble control, una vez iniciadas las investigaciones judiciales, el agente fiscal interviniente deberá poner en conocimiento la apertura de la investigación y los hechos que se denuncian, a los organismos de control interno de la institución a la que pertenece el denunciado o imputado, quienes deberán informar trimestralmente al agente fiscal los avances o resoluciones dictadas en las investigaciones administrativas que se inicien.
