Un grupo de 13 defensores generales bonaerense le pidió al gobernador Alex Kicillof que articule las medidas necesarias para la conmutación de penas a personas privadas de la libertad cuyas penas se agotan este año y de aquellos que hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.
El pedido fue firmado por los Defensores Generales Cecilia Boeri (Mar del Plata), Omar Ozafrain (La Plata), Gerardo Moreno (Necochea), Karina Dib (Zárate-Campana), Andrés Harfuch (San Martín), Mariana Garro (San Nicolás), Marcelo García (La Matanza), Diego Fernandez (Azul), Mariano Bertelotti (Mercedes), Gustavo Linde (Moreno-General Rodriguez), Daniel Arias Duval (Dolores), Noemí Perez (Quilmes) y Carlos Courtois (Trenque Lauquen).
No firmaron el pedido los defensores oficiales de Lomas de Zamora, Dolores, Junín, San Isidro, Morón, Pergamino, y Bahía Blanca.
Ante lo que definen como una crisis humanitaria por el hacinamiento que se registra en prisiones y comisarías del territorio bonaerense pidieron la conmutación para personas privadas de libertad (PPL) condenadas por sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso y para las condenadas por sentencia firme a penas que no excedan de los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.
“El peligro para la vida e integridad física que el hacinamiento, por sus efectos, genera tanto para las PPL como para las personas que trabajan y/o ingresan a las cárceles por otros motivos -también harto conocido e innegable- se ve seriamente agravado y se extiende a toda la comunidad ante la propagación del COVID-19”, indicaron en el documento.
Los defensores sostuvieron que “el tiempo se agota” tras el registro del contagio de una persona privada de la libertad y de cinco trabajadores penitenciarios. En tal sentido citaron la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de abril pasado que recomendó necesario “reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.
Además de las medidas ya adoptadas respecto de las PPL con factores de riesgo especial por el Tribunal de Casación de la provincia, solicitaron una “urgente reducción de la población carcelaria a fin de garantizar la salud y vida de las personas que deban continuar privadas de libertad, de los trabajadores penitenciarios, sus familias y de la comunidad toda”.
“Se vaticina que el contagio de una importante proporción de la población, demorada gracias a los esfuerzos de toda la sociedad, llegará indefectiblemente y sería de un optimismo ingenuo y muy peligroso pensar que ello no ocurrirá también dentro de las cárceles. Cuando suceda, el hacinamiento aumentará los índices de contagio -esperables en el medio libre- en el interior de las prisiones”, agregaron.
En el comunicado sostienen que eso contribuirá al colapso de los sistemas de salud, pondrá en grave riesgo al personal de traslado y custodia, a sus familias y a la comunidad. “El Estado en su rol de garante se verá impedido de ofrecer mayores medidas de prevención a los encarcelados (la medida más básica, el distanciamiento entre las personas, es imposible en cárceles y comisarías hacinadas) y las reacciones violentas frente a la desesperación son indeseables pero esperables”, argumentaron.
Fuente: Datajudicialcom
