La Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, solicitaron la elevación a juicio del ex comisario de Llavallol, Héctor Mario Coquean, a quien consideran responsable de haber puesto en funcionamiento un sistema prostibulario en la Ruta 4, con el objetivo de explotar sexualmente a mujeres cis, transexuales y travestis. El imputado estuvo prófugo desde mayo de 2017, hasta que se presentó ante la justicia en septiembre del año pasado. Otros siete policías también estarán sentados en el banquillo de los acusados.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, conforme a las conductas que se le endilgan, el hombre deberá responder en el debate oral como coautor del delito de trata de personas, en sus modalidades de recepción y acogimiento con fines de explotación, múltiplemente agravado: por la situación de vulnerabilidad y cantidad de víctimas -más de tres-, la participación de más de tres personas, por ser cometido por un funcionario policial y por haberse consumado la explotación.
Según informó el portal Fiscales.Gob, los hechos imputados a Coquean habrían ocurrido al menos desde febrero de 2015 -momento en que se inicia la investigación- hasta marzo de 2016, fecha en que cesó en sus funciones a cargo de la Comisaría 4° de Lomas de Zamora. Sin embargo, existen elementos para inferir que el sistema implementado funcionó con los comisarios que lo sucedieron hasta mayo de 2017.
De acuerdo a la investigación, Coquean, con la ayuda de otros agentes de esa misma dependencia, habría dispuesto de la ubicación de mujeres cis y transexuales que ejercían la prostitución a lo largo de la Ruta Provincial N°4 -Camino de Cintura-, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires; es decir, en la zona de influencia de la Comisaría a su cargo. En esa línea, se estima que ordenaba, controlaba y se beneficiaba económicamente de la actividad que tenía como fin la explotación de, al menos, 19 mujeres en extrema situación de vulnerabilidad, aprovechándose de la impunidad que tanto él como los otros imputados creían que derivaba de sus cargos. Las víctimas debían abonarles un canon diario, independientemente de si asistían o no al lugar, que iba desde 250 a 400 pesos. En el marco de ese sistema, sometieron a las víctimas a un extremo control.
Para el MPF, esa actividad continuó con las mismas características a lo largo de las tres gestiones de la comisaría investigada y contó con la colaboración necesaria, entre otros, de los respectivos jefes de gabinete de prevención, también llamados “jefes de calle”. Para los fiscales, a lo largo de la investigación quedó demostrado que tanto Coquean, al igual que otros 16 policías, se beneficiaron económicamente de la explotación sexual de las víctimas haciendo cada uno un “aporte esencial” para el desarrollo del delito de trata de personas.
“En lo que respecta a la autoría de Coquean en los hechos descriptos, la prueba recolectada resulta contundente. A nuestro criterio él organizó la actividad de regenteo y explotación de las mujeres valiéndose de su condición de jefe de la comisaría zonal y delegando la tarea de mayor exposición en el personal a su cargo”, aseguraron los fiscales en su dictamen.
“El hecho de que todas las personas en situación de prostitución se encontraban ubicadas en ‘paradas’ sitas en las veredas correspondientes a la Comisaría de Lavallol y ninguna lo hacía en la vereda de enfrente correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría de Luis Guillón, también demuestra que la actividad era manejada exclusivamente por las autoridades de la comisaría de Lavallol, Lomas de Zamora 4° y, en particular, por Coquean, ya que tenía el absoluto control del territorio. Esto descarta, a su vez, la posibilidad de entender que su conducta sólo constituyera un ‘arreglo’, en el sentido de que se entrega dinero a un policía a cambio de que éste permita la concreción de determinada actividad”, añadieron los representantes del MPF.
Otras imputaciones y embargos
Por esta misma causa, hay otros dos comisarios, dos “jefes de calle” y personal subalterno procesados con prisión preventiva y elevados a juicio en 2018, en orden al mismo delito que se le atribuye a Coquean. A todos ellos, además, se les trabó un embargo hasta alcanzar 2 millones de pesos.
Por otro lado, otro de ellos fue procesado por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil y armas de guerra sin la debida autorización. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta medida ya que lo consideran coautor del mismo delito que los otros imputados y su resolución está pendiente en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
También están detenidas, procesadas y elevadas a juicio otras seis personas que no eran funcionarios policiales, acusadas del mismo delito en la modalidad de captación y traslado.
Situación de vulnerabilidad
Las víctimas tienen entre 18 y 50 años. Cinco son peruanas, seis paraguayas y el resto argentinas. Once se identificaron como mujeres cisgénero y el resto como mujeres trans. Algunas de ellas refirieron que habían comenzado a ser explotadas sexualmente antes de alcanzar la mayoría de edad. Todas expresaron tener miedo a posibles represalias.
En la investigación se verificó, en todos los casos, un abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, derivada de su necesidad económica apremiante.
Las profesionales del Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación resaltaron distintos factores que agravaron la situación de vulnerabilidad de las mujeres trans: a excepción de una, todas eran procedentes de otros países y, debido a las condiciones socio-económicas desfavorables de sus ciudades de origen, se habrían visto en la necesidad de migrar con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida.
Además, pusieron en contexto las particulares situaciones que sufre la población trans por los procesos de estigmatización y criminalización e hicieron hincapié en sus historias de vida, usualmente signadas por diferentes y sistemáticas situaciones de violencia iniciadas en sus núcleos familiares, que suelen ser expulsivos. Por eso es que la situación es ocultada a sus familiares y redes socio-afectivas cercanas, lo que las ubica en una situación de mayor fragilidad en caso de necesitar ayuda. En esa línea, las profesionales reseñaron que las víctimas dieron cuenta de las dificultades para ingresar al mercado laboral formal. Algunas explicaron que fueron discriminadas en el período que iniciaron su transición y que, a pesar de buscar diferentes trabajos, no pudieron acceder a ninguno.
Además, destacaron que la mayoría no pudo finalizar su educación básica formal, en tanto que quienes tienen hijos son las únicas personas responsables de su manutención y crianza.
Violencia verbal y física
Del requerimiento del MPF surge que las damnificadas no tenían posibilidad de negarse a pagar el “canon” ya que, si se oponían, un hombre que se hacía llamar “Juan” las amenazaba con sacarlas de la “parada” a través del uso de violencia verbal y, en algunos casos, física. Además, mencionaron que portaba un arma y era una persona muy intimidante y amenazante.
Para los fiscales, “no existe duda alguna de que las víctimas consideraban que carecían de otra opción y esa vulnerabilidad fue aprovechada por los imputados para hacer efectiva su explotación sexual”.
Esquema del sistema de captación y explotación
La forma en que las víctimas culminaron en esta situación de explotación es variada. Algunas fueron reclutadas específicamente para ser explotadas en la prostitución callejera; otras ya estaban en locales privados, y luego de su cierre en función de intervenciones judiciales, fueron trasladadas a Camino de Cintura para que continuaran la actividad en la vía pública.
La oferta sexual tenía lugar durante prácticamente las 24 horas del día, con la mayor cantidad de personas en la tarde-noche. Incluso con menores de edad, usualmente entre las 19 y las 2 am. Esta situación, según consta en el dictamen de los fiscales, no resultaba desconocida tampoco para las agencias judiciales de esa circunscripción en la que se tramitaron causas vinculadas a los episodios vinculados.
