Un lugar donde adolescentes conviven con las cucarachas y el maltrato

En estos días se lleva adelante un juicio a dos trabajadores del Centro de Recepción, Educación y Ubicación (CREU) de Lomas de Zamora, por apremios ilegales luego de un incendio ocurrido en octubre de 2015. Dicho incendio, según se pudo exponer en las audiencias de debate oral y público, se originó como consecuencia de los pedidos que los jóvenes que se alojan allí necesitaban para mejorar su calidad de vida, o su traslado a otras instalaciones. Ubicado en Larroque y 12 de Octubre, el edificio aloja a menores en conflicto con la ley penal y es foco de constantes conflictos y cuestionamientos. Durante este juicio, los menores declararon que dormían con trapos en sus oídos para evitar que se les metieran las cucarachas que pueblan el lugar.

Este martes se llevó adelante la audiencia de alegatos en el juicio a dos trabajadores del CREU. Por parte de la fiscalía, en manos de Marcela Dimundo, se expuso que los jóvenes que denunciaron distintos hechos de violencia por parte de quienes consideraban sus “maestros”, son “víctimas” en un doble sentido de la palabra. Si bien para la fiscal “hay certeza necesaria” de los apremios ilegales que los trabajadores del CREU realizaron contra los jóvenes, también son víctimas “de la infraestructura y de la situación de higiene” precaria con la que los jóvenes conviven día a día en las instalaciones de Larroque y 12 de Octubre. Por eso mismo, la fiscal pidió que se libre un oficio al Ministerio de Desarrollo Social.

Además, denunció que aún en el día de hoy “los niños siguen padeciendo esa desprotección” por parte del CREU. En este sentido, la fiscal argumentó que “los chicos pedían traslados por las malas condiciones” en las que vivían, y que el incendio fue consecuencia de dichos pedidos.

Por otro lado, Dimundo manifestó que “no hay constancia del estado en el que estaban los menores en el momento del incendio”, donde enumeró que estaban descalzos, sin abrigos, rodeados de distintos bichos, entre otras cosas. “Para ellos, esto era normal” lamentó.

Ya en 2015, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó “su profunda preocupación por la continuidad de prácticas sistemáticas de torturas en el centro de recepción de Lomas de Zamora”, luego que un equipo del Comité contra la Tortura (CCT) de la CPM, inspeccionara el lugar, entrevistara a los jóvenes, donde “constató graves condiciones de encierro violatorias de sus derechos humanos”. “Las torturas son cotidianas y se aplican en forma sistemática sobre jóvenes absolutamente indefensos que, generalmente, se ven limitados en su acceso a la justicia y a la defensa, ya sea por la privación de comunicación con el exterior como por la ausencia de privacidad en las comunicaciones telefónicas” agregaron.

A fines de dicho año, y según información que el portal exhibió en su momento, un fallo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Isabel Ación, ordenó la clausura total del Centro de Recepción Penal de esa localidad con expresa prohibición de alojamiento. Además, un habeas corpus del fiscal Pablo Rossi describió con detalle las violaciones a los derechos humanos que sufren los jóvenes alojados en el Centro, y que desde el año 2010 han sido motivo de reiteradas intervenciones por parte de la CPM a través del trabajo del Comité contra la Tortura.

En junio de 2016, los trabajadores del CREU realizaron distintos cortes y reclamos para visibilizar el problema edilicio, falta de insumos y gas natural en el edificio, así también como la falta de elementos de higiene e indumentaria, e instalaciones eléctricas en malas condiciones. En el reclamo, también daban a la luz la presencia de cucarachas y ratas en las instalaciones, lo que atenta gravemente contra el bienestar de todos los que se manejan en las instalaciones. Por último, un delegado de ATE Sur aseguró en su momento al portal que “ni los chicos ni los trabajadores, tienen un baño como la gente y la comida ha disminuido, producto de lo negociado que hacia el gobierno anterior y que ahora lo hace este”.

En marzo del mismo año, cinco internos escaparon, y poco después del fuga, dos de los menores fueron recapturados en cercanías del establecimiento.

En septiembre de 2016, al menos 20 jóvenes tuvieron que ser asistidos debido a un motín en el que prendieron fuego las telas de los colchones, ya que los internos venían reclamando por mejores condiciones edilicias en el centro. Dicho evento se produjo cuando un joven que está con tratamiento psiquiátrico solicitó un médico y no había uno que pudiera asistirlo.

A comienzos del 2017, el delegado de los trabajadores del centro de menores, Alejandro Fernández, indicó al diario que se realizaron  traslados de los trabajadores, sin tener en cuenta “el trabajo que se viene realizando en el centro y sólo se tiene en cuenta la cantidad de gente necesaria para atender las necesidades básica de los chicos, como servir la comida y nada más” y cuestionó que  “se quiere equipara para abajo porque la idea es que se vayan 17 compañeros y que no haya ni un solo reemplazo”.

También, en el mes de enero se fugaron del lugar nueve menores, y desde los trabajadores denunciaron que “faltaba personal y una situación así podía pasar”.

Tan sólo dos meses atrás, en octubre de 2017, otros cuatro menores se fugaron de las mismas instalaciones, luego de forzar los barrotes de una de las celdas y saltar un paredón. Frente a esto, nuevamente los trabajadores manifestaron que “es propio de la falta de políticas de niñez y personal”.  Además, Fernández también agregó que debido a la falta de recursos humanos, no pueden tener “todos los sectores relevados o contenidos”, y aseguró que las celdas están hechas de hierro dulce “fácil de cortar”.