CoelhoSival AbogadaPor la Dra. Noelia Coelho Silva (*)El Código Procesal Penal es la norma que nos indica el camino válido de realización de una persecución estatal ante la sospecha de comisión de un hecho ilícito, a los fines de determinar legítimamente si un ciudadano se mantiene en su estado de inocencia o si es culpable, con la consecuente imposición de una pena. Esta es la norma que el gobierno intenta modificar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento e Implementación del Código del Congreso Nacional.

Así, como una medida para "luchar contra la inseguridad", se avasallan múltiples principios que emanan de nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales que forman parte de aquella.  Mientras en el sistema internacional de protección de los DD.HH –del cual nuestro país es parte y obligado-, se establece la inexistencia de delitos no excarcelables, cuanto que la única circunstancia que puede fundar la prisión preventiva de un ciudadano –privación de la libertad durante la sustanciación del proceso- es la existencia objetiva y probada de riesgos procesales –fuga o entorpecimiento investigativo-, nuestros legisladores amplían inusitadamente dicho margen, dando un guiño a un sector de la población que reclama “mano dura” para captar su apoyo. Sin embargo, téngase en cuenta que la cuestión de fondo, se no se solucionará por este camino, tal como la estadística global lo ha demostrado.

De esta manera, la prisión preventiva se extiende a los casos en donde la persona a momento de ser detenida tenga documentación falsa; cuando se intente fugar al advertir la presencia de personal policial; cuando pese no intentar huir adopta una postura hostil; cuando ejerza violencia; cuando procure asegurar el provecho del delito –consumarlo- o cuando exista “sospecha” de que puede hostigar a testigos.

Esta cruzada contra la inseguridad empodera a las fuerzas de seguridad. Son estas filas quienes plasmaran las circunstancias que el juez tendrá por probadas para encarcelar a los ciudadanos, sin importar el delito que cometan, con el oprobio del abuso de poder, arbitrariedad, corrupción  y otras prácticas espurias que esta facultad trae aparejados. Recordemos que esto sucede en un contexto de militarización del escenario social más álgido, con el envío de 6.200 efectivos de Gendarmería al conurbano bonaerense.

De esta manera, cuando alguien sea aprehendido, podrá pasar casi automáticamente a engrosar el número de ciudadanos sometidos a condiciones infrahumanas de detención en las cárceles de nuestro país, en donde como en el caso Mendocino, al estar excedidos de los cupos disponibles, implementaron un sistema de jaulas a la intemperie –como un zoológico, esos que Horacio Rodríguez Larreta desmantela en la Ciudad por violar los derechos de los animales- para depositar a nuestros presos.

Si el gabinete oficialista y nuestros legisladores avasallan los principios elementales de nuestro ordenamiento jurídico, solo queda un ápice de esperanza en los señores magistrados, quienes a través de sus fallos tienen la facultad y deber de construir un coto al inusitado y vernáculo actuar del poder punitivo.

Brego por la organización de los ciudadanos en la demanda por la redistribución de riquezas, por la utilización de recursos para educación pública, acceso a la vivienda digna y principalmente, por la generación de fuentes de empleo, planes en los que se incluya a su vez a ciudadanos pretéritamente institucionalizados. Propugno el rechazo absoluto al populismo punitivo, a la utilización de recursos para la construcción de más cárceles-depósito en donde alojar a los excluidos de un sistema perverso y la promulgación de normas inconstitucionales dictadas al efecto.

(*)  Abogada especialista en Derecho Penal.www.cenape.com.ar. Teléfonos: 115337-7132//4201-6099.

   
   
   
   
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